Únicamente la mitad de las 78 empresas del gobierno tienen un programa anticorrupción y la prohibición explícita de sobornos y “pagos facilitadores”, se dio a conocer en el segundo informe Integridad Corporativa 500, presentado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuya presidenta ejecutiva es María Amparo Casar.
“Las empresas del estado están fallando en hacer públicas las políticas de hospitalidad y viáticos, de regalos y agradecimientos, para prevenir fraudes internos, para prevenir lavado de dinero y de donaciones y/o contribuciones políticas”, resaltó dicho reporte presentado durante una conferencia de prensa.
En entrevista, María Amparo Casar explicó que el problema de las empresas públicas se debe a que en México los funcionarios están acostumbrados en términos generales a que “no hay consecuencias por no observar lo que marca la legislación”.
En el citado informe se destaca únicamente cuatro empresas estatales cuentan con un número telefónico para hacer una denuncia.
Una tabla acerca del puntaje de empresas de gobierno en ese informe, deja ver que el Sistema de Transporte Colectivo no alcanza ni cinco puntos de la escala de medición del documento Integridad Corporativa 500.
Abundando en el tema de las compañías estatales, el documento establece: “En lo que se refiere a publicidad y monitoreo hay una cierta deficiencia pues el porcentaje de cumplimiento de los criterios promedio es 43.1 y 47.3% respectivamente”.
En cuanto al eje de monitoreo, las empresas fallan en establecer sanciones claras por incumplimientos a sus códigos y políticas de integridad, el 50% no cuentan con estas y la otra mitad sólo parcialmente”, señala el reporte donde también participaron las organizaciones Transparencia Mexicana encabezada por Eduardo Bohórquez, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).
En otro punto, el informe también tiene un apartado para las compañías privadas el cual establece que en 2018 solamente 39% de las empresas hace pública una declaración o compromiso de cero tolerancia a la corrupción.