El presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto la mira en grandes constructoras como ICA, Sacyr, Mota Engil y La Peninsular, todas ellas con contratos vigentes para el mantenimiento y conservación de tramos carreteros a lo largo del país.
El jefe del Ejecutivo federal anunció el miércoles que revisará los contratos de asociación público privada (APP) para el mantenimiento y conservación de carreteras que se firmaron durante el sexenio pasado.
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El mandatario refirió que se trata de contratos para 15 carreteras por las que su administración se ve obligada a pagar 15 mil millones de pesos cada año.
De acuerdo con el portal Proyectos México, del gobierno federal, en la actualidad hay 10 contratos de APP vigentes cuyo valor de inversión asciende a 21 mil 662 millones de pesos.
López Obrador adelantó que uno de estos contratos es el que corresponde a la carretera federal que va de Querétaro a San Luis Potosí, el cual fue otorgado en 2016 a un consorcio encabezado por La Peninsular Compañía Constructora.
De acuerdo con el portal del gobierno, la inversión de este proyecto fue de mil 976 millones de pesos y la APP se concedió por 10 años.
Entre los otros contratos vigentes que arroja el portal Proyectos México destaca el del tramo carretero Arriaga – Tapachula, el cual tuvo una inversión de tres mil 882 millones de pesos y que fue otorgado a Impulsora de Desarrollo Integral (IDINSA) y Gami Ingeniería e Instalaciones.
Este proyecto, junto con los de Campche -Mérida, San Luis Potosí – Matehuala, y Tampico – Altamira – Ciudad Victoria, fueron otorgados en 2018,último año de la administración de Enrique Peña Nieto y representan 45 por ciento del monto total asignado en estas 10 APP vigentes.
Los 10 contratos arrojados por el portal del gobierno fueron otorgados bajo el esquema APP entre 2016 y 2018.
En esta modalidad, la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) acordó pagar una contraprestación al desarrollador privado por la disponibilidad de los servicios, con cargo a su presupuesto multianual autorizado.
Las APP se realizaron para establecer una relación contractual de largo plazo entre el sector público y privado para la prestación de servicios al público y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado.
La legislación que regula estas asociaciones entre el sector público y la iniciativa privada fue promulgada en enero de 2012 y, de acuerdo con el propio gobierno, este esquema buscaba incrementar los niveles de inversión en el país y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
Sin embargo, el gobierno del presidente López Obrador ha sido reacio a este esquema de contratación. El propio mandatario ha criticado estos esquemas heredados de las administraciones pasadas.
Sin embargo, el jefe del Ejecutivo negó que se vayan a cancelar contratos y dijo que solo buscará que las empresas apoyen a reducir costos, porque aseveró que “están muy altos”, y se dijo confiado en que estas APP colaboren para que no se genere ningún problema.
“Nosotros destinamos para darle mantenimiento a las carreteras públicas, que estamos cuidando que no se llenen de baches, 18, 20 mil millones de pesos y nos cuesta el mantenimiento contratado con estas asociaciones públicas privadas a 15 carreteras, 15 nada más del país, 15 mil millones”, dijo el mandatario en su conferencia matinal del miércoles.
Más tarde, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Arganis Díaz Leal, informó que el gobierno va a reducir las concesiones con la iniciativa privada, con el fin de canalizar estos recursos al mantenimiento de carreteras.
Hasta el cierre de esta edición, las empresas que podían resultar afectadas con esta medida no habían manifestado alguna postura sobre los dichos del Presidente de la República.
James Salazar, subdirector de Análisis Económico y Bursátil de CIBanco, consideró que como ha pasado con otras iniciativas del gobierno en otros sectores, como el energético, esto no da buenas señales a la industria, ya que da muestra de que el gobierno puede cambiar contratos o reglas de juego en cualquier momento.
El economista recordó que las empresas constructoras participan en este tipo de licitaciones buscando obras con contratos que van hasta los 20 o 30 años, porque es el periodo de retorno de inversión.
“Quizás la intención es buena, pero manda una señal mala a un sector sensible, en el que debes tener reglas del juego claras (…) Generaría ruido esta parte de posibles incumplimiento de contratos”, consideró el especialista.
Añadió que cualquier cambio o ajuste de estos contratos para tratar de abaratar los costos puede resultar contraproducente al generar inconvenientes, ya que en lugar ahorro puede causar deterioros en la red carretera.
No es la primera vez que el gobierno de la 4T ha intentado modificar los contratos carreteros. El año pasado, la SCT lanzó una licitación con la intención de contratar a empresas para que revisaran las APP carreteras vigentes desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, concurso que fue declarado desierto.
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