A tres años del anuncio de la Reforma a la Ley Federal del Trabajo que prohibió la subcontratación de personal y dio paso a los Servicios Especializados, la recaudación del IMSS se elevó en 7 mil 200 millones de pesos anuales entre el 2021 y 2023 y fueron 115 mil millones de pesos de reparto de utilidades a 2.5 millones de trabajadores que estaban subcontratados.
Pero también, entre el último trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2024, fueron 1.8 millones de personas que laboraban bajo el esquema del outsourcing que se sumaron a la informalidad, porque sus verdaderos patrones, no los reconocieron.
Así lo manifestó el director general de Kelly México, Gabriel Aparicio, quien en entrevista con El Sol de México destacó que las compañías aún tienen mucha incertidumbre, falta de información correcta y tal vez, miedo e inseguridad.
“A tres años de la reforma aún falta mucho por hacer. Aunado al proceso de transformación que las organizaciones formales afrontaron, en el camino se identificaron muchos retos y desafíos, como confusión en torno a los servicios que pueden subcontratar por medio de los Servicios Especializados y esto resta competitividad”, expresó Gabriel Aparicio.
De acuerdo con el director, esto genera que no aprovechen de la mejor forma los beneficios de esta reforma a la LFT. Deben tener claridad de que lo que se prohibió fue la subcontratación de personal. Lo que sí se permite es la subcontratación de Servicios Especializados.
Si una organización adopta como parte de su estrategia este tipo legal, puede obtener varias ventajas, como aumento en la competitividad empresarial, reducción de ineficiencias y errores, eliminación de contratiempos y complicaciones e incremento de seguridad y confianza de los agentes relacionados, así como el acceso al conocimiento y recursos tecnológicos sin necesidad de invertir en ellos.
Aparicio informó que se tiene el registro de 151 mil empresas en el Padrón del REPSE, que deben renovar cada tres años. Este 2024 corresponde hacerlo. Las entidades con más registros son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Querétaro.
Acerca de la renovación del registro de las empresas, comentó que se tiene que hacer dentro del plazo establecido.
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“De no hacerlo serán acreedoras a multas para quien contrata el servicio y para quien lo ofrece que van de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es decir, entre 207 mil 480 pesos a 5 millones 187 mil pesos, respectivamente”.
Además se invalidaran las facturas que emitan por servicios de subcontratación y hasta la pérdida de su registro y por ende, de oportunidades de negocio.
Recordó que a septiembre de 2023, el gobierno federal canceló 1,755 registros del Padrón del REPSE y aplicó multas por 27 millones de pesos
Aún persiste incertidumbre
¿Qué falta por hacer, se requiere más información?
-Creo que principalmente tenemos que considerar que desde que se promulgó la reforma, es que la gran mayoría de las empresas se mantienen muy cautelosas, muy conservadoras, por la incertidumbre que generó su implementación.
Entonces, al tener poca información y no clara y, en algunas ocasiones, desinformación, podemos argumentar que a la vuelta de este período, en este poco tiempo de que se anunció la reforma todavía ahora existe incertidumbre considerable y se tiene que trabajar mucho en educación al respecto.
Debe considerarse de que en México existen más de 2.5 millones de empresas y que solo alrededor de un millón tienen empleados registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por tanto, hay mucho trabajo por hacer. Sí usamos como referencia que el principal objetivo de la reforma fue terminar con las violaciones de los derechos de los trabajadores; acabar con el daño a la Hacienda pública y a las instituciones de seguridad social así como reducir la competencia desleal.
Todavía hay mucho camino por recorrer y hacer para lograr que estos objetivos que originalmente se plantearon, verdaderamente se lleven a cabo.
¿Sí mejoró la recaudación en la Hacienda pública?
-Sí, por supuesto que ha mejorado. Las estadísticas del gobierno muestran esa mejoría, pero definitivamente, tenemos que ahondar y profundizar aún mucho más esas cifras.
En materia de empleo, la autoridad refiere que existen alrededor de 2.5 millones de empleados que fueron contratados directamente por su patrón original. Pero hay que ir más allá de las cifras.
Antes de la reforma existían 5.2 millones de trabajadores subcontratados, de los cuales son realmente entre 2.5 a 2.8 millones los que fueron contratados por su patrón. De los cuales, 1.4 millones se quedaron trabajando con las empresas que ahora hacen subcontratación de Servicios Especializados.
Y existe una diferencia de más de un millón de personas que se quedaron fuera de estos beneficios y entraron en la clasificación de empleo informal.
¿Esto aumentó la informalidad?
-Sí se toman en cuenta las cifras de informalidad en el último cuarto trimestre de 2018 que fue de 30.7 millones y se compara con los 32.5 millones de personas que trabajan en la informalidad a cifras de marzo de 2024 de acuerdo al INEGI, está claro que hay mucha informalidad como consecuencia de esto.
Es decir este más de 1 millón de personas laboran en la informalidad.
¿El reto es incorporarlos a la formalidad?
-Incorporar a las personas que laboran en la informalidad es la tarea más importante que tiene México. Se tiene que luchar para lograr que esas 32.5 millones de personas que están en esta condición se integren a la formalidad.
Y lograr que alrededor de 1.5 millones de empresas que hoy no tienen registrados en el IMSS a sus empleados, los registren. Y entonces, verdaderamente vamos a ver un impacto en la seguridad social y que recaude más, que tenga más ingresos. Y que los impuestos del producto del trabajo se aumenten como consecuencia de tener más trabajadores y más empresas en la formalidad.
¿Ese es un lastre y un reto para la economía?
-Por supuesto que es un lastre para la economía. Definitivamente, creo que un forma de poderlos sacar es que los 2.5 millones de empresas y que de esas, el 95 por ciento son pequeñas y medianas , se beneficien de la subcontratación de los Servicios Especializados que es lo que está permitido en la ley.
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Al final de cuentas, la subcontratación de Servicios Especializados no es otra cosa, más que considerar la contratación de fuentes externas de servicios, de procesos, de recreación de bienes que puedan ayudar a mejorar la cadena de suministro de las empresas.
"Al final de cuentas eso es lo que tenemos que trabajar en México y que se vean beneficiados al utilizar la subcontratación de Servicios Especializados", finalizó Gabriel Aparicio.
