El reparto de utilidades entre los trabajadores se ha convertido en la manzana de la discordia en la discusión entre el Gobierno Federal y la iniciativa privada sobre la reforma al outsourcing.
Una fuente cercanaa la negociación dijo a El Sol de México que la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) se está convirtiendo en un punto “crítico” para llegar a un acuerdo, ya que las cámaras empresariales piden que se limite a un máximo de dos meses.
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“El PTU es algo que se ha eludido cuando una empresa contrata gente a través de un tercero. La ganancia se la quedan las empresas, porque los trabajadores están contratados bajo otra razón social”, explicó Alejandro Avilés, asesor legal del Sindicato de Trabajadores de la UNAM.
La ley establece que la PTU, también conocida como el reparto de utilidades, equivale a 10 por ciento de las ganancias netas de las empresas, mismas que se reparten entre todos los trabajadores, tanto de base como de confianza, sin importar la productividad.
Ante la desaparición de la figura del insourcing, práctica mediante la cual algunas empresas contratan personal a través de una filial propia para liberarse del pago de utilidades, el gobierno quiere que el PTU se otorgue en función de la productividad de cada empleado.
Manuel Fuentes, especialista en Derecho Laboral, señaló que aun cuando el Gobierno Federal y la iniciativa privada lleguen a un acuerdo sobre el monto total a pagar en utilidades de los trabajadores, la discusión de este punto debe tomarse con delicadeza, ya que de eliminarse o reducir el pago de PTU los trabajadores serán los principales afectados.
Según el experto, también podría generar conflictos laborales en cada empresa si se acuerda poner en función de la productividad de los empleados.
El 30 de noviembre, al término de una reunión en Palacio Nacional, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), aseguró que los únicos “detallitos” que faltaban por discutir con el Gobierno eran los periodos para el pago de la PTU.
Dijo que este viernes se darían a conocer los acuerdos finales de la negociación, pero adelantó que se pactó eliminar la figura del insourcing.
AVANCES
La administración federal y la iniciativa privada han llegado a algunos acuerdos, como la continuidad de la subcontratación de servicios y obras especializadas.
De aprobarse esta iniciativa, en los próximos días el empresariado tendrá un periodo de transición de seis meses para hacer los cambios necesarios para implementar la nueva normativa.
En los últimos días, representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y otros organismos del sector privado se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar un acuerdo en esta reforma.
Las quejas de algunos de ellos, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), es que prohibir el outsourcing provocaría una mayor pérdida de empleos en el país.
“No entendemos porqué tenemos que pagar justos por pecadores, cuando hay muchas compañías que hacemos las cosas adecuadamente. Entendemos que se debe actuar en el marco de la ley, pero la manera en que se está proponiendo no es la adecuada”, comentó Francisco Martínez, director general de Grupo Adecco.
Según el directivo, existe el riesgo de caer en una sobrerregulación laboral en el país, por lo que se debe de pensar en el beneficio de los trabajadores, quienes se han visto afectados en los últimos meses por la crisis sanitaria.
Este esquema de contratación es usado por las compañías para eliminar la “burocracia laboral”, que implica reclutar, contratar o pagar a los trabajadores, entre otros asuntos que pueden ser ajenos a las actividades esenciales de una firma.
No obstante, Manuel Fuentes consideró que el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, próximo a vencer el 15 de diciembre, será un factor que presionará la aprobación y discusión de la reforma.
Lamentó que en la negociación no existiera una representación de los trabajadores. “Los trabajadores no han tenido una representación en la mesa. Todo el diálogo ha sido entre patrones y autoridades; es un tema altamente criticable porque obviamente debe de ser un acuerdo consensuado entre todos las partes”.
Las personas cercanas al proceso refirieron que el último acuerdo que se alcanzó fue la creación de un registro para empresas prestadoras de subcontratación.
Con este programa se busca tener un control sobre estas compañías en el país para evitar que los trabajadores continúen en la precariedad laboral.
Los interesados en adherirse a este registro deberán solicitarlo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y si en 20 días no reciben una respuesta, quedarán integradas en el padrón.
Con información de Miguel A. Ensástigue
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