La población en situación de calle es la más vulnerable a sufrir detenciones policiales arbitrarias, indicó Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC).
“Lo comento de manera constante, más del 10% de las quejas que recibimos en la Comisión tienen que ver con una detención arbitraria, y estos grupos de población en las que están las personas que habitan en calle son los que se van más vulnerados por el contexto”, detalló.
Mora Marrufo mencionó que tras el asesinato del joven de 14 años llamado Kevin, se ha multiplicado la presencia de corporaciones policiacas en la canalización del Río Tijuana, por lo que ha sido necesario que la misma CEDHBC realice observacioness en la zona.
“Hemos recibido asuntos por parte de la Sociedad Civil, pero también es una población que difícilmente se acerca a la instituciones, por lo que hemos hecho rondines”, agregó.
El gobierno municipal, junto al federal y estatal, anunciaron a finales del mes de septiembre que realizarán un censo en la canalización, donde buscarán atender a las personas en situación de calle que ahí habitan, además recibirán la atención que requieran, como tratamientos de salud mental, tratamientos contra las adicciones y traslado a su lugar de origen.
“Esa es la pregunta que yo les hacía ¿Qué infraestructura tiene el estado y municipio para atender a las personas que tienen alguna adicción? ¿Qué infraestructura tiene el estado para atender a las personas que tienen alguna adicción?”, cuestionó el presidente de la Comisión.
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El 5 de octubre, Montserrat Caballero, presidenta municipal de Tijuana, mencionó que hasta esa fecha se habían realizado 17 mil detenciones en la canalización, detallando que muchas de ellas son reincidencias, pero estimó que en el lugar habitan alrededor de mil 200 personas.
“No puede haber ninguna detención arbitraria por el simple hecho de estar en calle, pero sí debe haber un análisis del contexto, porque no solamente estamos ante la necesidad o un capricho de la comunidad de permanecer así, sino hay riesgo de salud pública que afecta a otras comunidades”, finalizó Mora Marrufo.