Tijuana.- La prohibición de canciones y contenido con apología del delito en Tijuana desde que músicos de este género fueron amenazados para no presentarse en la ciudad, no solucionará la problemática de violencia, dijo José Manuel Valenzuela Arce, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef).

“El tema de prohibir una serie de expresiones que aluden a una realidad que vivimos, que puede ser doliente, pero que existe, la tuvimos ya (...) Tenemos que entender que el tema de la prohibición no ha resuelto los problemas”, comentó.

El viernes 17 de noviembre fueron publicadas en el Periodico Oficial de Baja California las reformas que prohíben cantar narcocorridos en conciertos o eventos públicos, y a los establecimientos comerciales reproducirlos.

Valenzuela Arce recordó que hace más de 20 años la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión prohibió los corridos que tenían como tema principal el narcotráfico, y estados como Sinaloa o ciudades como Mexicali también los han prohibido, sin que esto haya resuelto los problemas.

“Tenemos que enfocarnos en, uno: avanzar en los mundos cotidianos de los y las jóvenes. Dos: garantizar proyectos viables, vivibles de vida para ellos. En tercer lugar: garantizar las condiciones de seguridad y certeza. Para ellos lo que hay que hacer es enfrentar el tema de las violencias y narcotráfico”, añadió Valenzuela Arce.

El investigador del departamento de Estudios Culturales del Colef, quien ha trabajado en temas relacionados con la narcocultura y las juventudes, dijo que las autoridades deben entender la violencia y narcotráfico como fenómeno social.

A partir de que entraron en vigor las reformas al reglamento, el Ayuntamiento recorrió bares y centros nocturnos para informar de las modificaciones y las sanciones por violentarlas.

“Los salones de eventos también son establecimientos, entonces tampoco pueden reproducir esta música ni en vivo, ni en grabadora, ni en imágenes”, detalló Michel García Arceo, coordinadora de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal.

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En la avenida Revolución, una de las zonas con mayor vida nocturna en la ciudad, aproximadamente un 20% de sus bares y restaurantes reproducen esta clase de música, estimó Carlos Robles Literas, presidente de la asociación de Comerciantes de la zona.

Y consideró que las multas que oscilan entre 600 mil y un millón de pesos inhibirán a los establecimientos.

En los alrededores de la calle Primera de Zona Centro, es común que los comensales paguen a bandas, conjuntos o mariachis para cantar mientras ellos disfrutan de sus comidas o bebidas.

En ese caso, los dueños de establecimientos tendrán que pagar una sanción si los músicos tocan algún narcocorrido en sus banquetas, detalló García Arceo.

“Ellos son los responsables, al final son quienes le permitieron el acceso a este grupo y ellos al permitir el acceso deben informarle a este grupo que está prohibido este tipo de música”, señaló.

Mario, un músico de la Plaza Santa Cecilia, comentó que la mayoría de grupos interpreta canciones rancheras clásicas, norteñas, boleros y cumbias, aunque en ocasiones les piden narco corridos.

Mencionó que la nueva prohibición no le afectará tanto porque son principalmente los jóvenes tijuanenses quienes los solicitan, pero no los canta. Además, quienes más servicios solicitan son turistas asiáticos y piden cumbias.

“Casi no tocamos corridos de esos, narcocorridos no. Porque hay corridos que son tradicionales, pero de esos nuevos que hay ahora como Peso Pluma, Codicia Norteña, no trabajamos. Aquí la mayoría no trabajamos ese tipo de música”, comentó.

Durante diciembre, temporada de posadas y reuniones familiares, García Arceo indicó que estarían monitoreando salones de eventos para prevenir que menores no ingieran alcohol y no reproduzcan narcocorridos.

En el caso de fiestas privadas en casa, el Ayuntamiento no está facultado para intervenir.

Aún así, la ciudadanía puede comunicarse al 911 en caso de que los decibeles de la música superen el estándar permitido. Elementos de la policía municipal podrán solicitar a las personas que bajen el volumen, pero no prohibir la reproducción de música.

La reforma fue aprobada porque el último año fueron cancelados los conciertos de Peso Pluma y del grupo Fuerza Regida tras la localización de amenazas de parte del crimen organizado.

Según el reglamento, durante conciertos y espectáculos públicos está prohibido transmitir, exhibir, exponer, interpretar o reproducir música, videos, imágenes o similares que promuevan la cultura de la violencia, que haga apología del delito o de los autores de hechos ilícitos.

Para garantizar el pago de la multa en caso de que los músicos incumplan durante sus presentaciones, las empresas promotoras deben presentar un anticipo a la tesorería municipal.

García Arceo añadió que inspectores municipales permanecerán durante todo el concierto, además de que lo videograbarán, para garantizar que no canten “narcocorridos”.