Eliud Ávalos Matías
Tijuana.- Al menos 32 empresas asentadas en Baja California perdieron su acceso al Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) por la falta de presentación del reporte anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2016 y por incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 11, fracción III, del decreto, según dio a conocer Óscar Rodolfo Barrera Millán, director de Comercio Exterior de la firma Global Business Advisor (GBA).
Detalló que, el año pasado, a 600 empresas se les inició el proceso de cancelación del programa. De ese universo, a 208 se les canceló a nivel nacional, y 32 están en esta entidad.
Advirtió que hay consecuencias fiscales, corporativas y de inversión.
“No solo son las obligaciones aduaneras o su incumplimiento por lo que les pueden cancelar el programa Immex, sino por el control de importación de insumos y cuestiones administrativas, corporativas, obligaciones tributarias, Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), créditos fiscales”.
No obstante, aclara que el hecho de que una empresa se encuentre en una causal no significa que se vaya cancelar el programa. Explica que la autoridad marcó un procedimiento y si no se apegan al mismo, sí se puede cancelar.
Todos los años la Secretaría de Economía (SE) publica en junio un listado de las empresas que se ubican en las causales de cancelación, y ahí la empresa debe desvirtuar o subsanar. Después la SE valora las pruebas aportadas, y quien no presente evidencias enfrentará la cancelación definitiva.
“En septiembre de cada año, se publica de manera definitiva ese listado de las empresas a las que les fue cancelado el programa. La consecuencia es que ya no van a tener los beneficios y tendrían que retirar su inversión y su planta industrial en 60 días naturales o importarlas de manera definitiva”.
Dijo que si una empresa importa de manera temporal insumos y no los transforma ni los exporta, y se queda en el mercado nacional, eso puede ser tipificado como omisión de contribuciones, contrabando y defraudación fiscal. Eso trae sanciones administrativas y se iniciaría un procedimiento penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el representante legal, los accionistas y el personal que esté relacionado con esto.
