San Diego.- 90% de los tiroteos registrados en la Unión Americana fueron planeados cuidadosamente por el atacante; también, en 90% de los casos, el agresor ha resultado ser un menor de edad, estudiante de la escuela que fue objeto del ataque o un alumno víctima de bullying, afirmó la fiscal de Distrito del condado de San Diego, Summer Stephan.
Luego del ataque armado, registrado en una escuela secundaria de Parkland, Florida, el pasado 14 de febrero, los reportes de amenazas a planteles educativos en el condado incrementaron drásticamente. Durante el primer trimestre se reportaron más de 40 amenazas, todas investigadas en conjunto por autoridades de la Fiscalía, el Distrito Escolar Unificado y el departamento de la policía de la ciudad.
Recientemente, el 18 de mayo, se presentó un nuevo hecho de armas en una institución educativa. La ciudad de Santa Fe, en Texas, fue el escenario de este nuevo ataque armado, en donde al menos 10 personas perdieron la vida y decenas más resultaron lesionadas, lo que encendió nuevos focos rojos en el Condado de San Diego.
“Es trágico ver más muertes y destrucción debido a amenazas en escuelas y tiroteos en planteles”, aseguró la Fiscal de Distrito.
Ante la situación que se vive actualmente, las autoridades de la región han comenzado a investigar cada amenaza de posible tiroteo. De enero a la fecha, 24 personas han enfrentado cargos por amenazas, todos menores de edad, estudiantes de las escuelas que fueron señaladas como posibles objetivos o estudiantes en general, víctimas de acoso escolar, con problemáticas de desintegración familiar o salud mental.
“Revisamos si tienen acceso a armas, si están enojados, si son víctimas de bullying; cualquier situación que los empuje a actuar de forma violenta en las escuelas”, aseguró Summer Stephan.
Los menores identificados como responsables de estas amenazas son procesados conforme a la Ley. Dependiendo de cada caso pueden pasar varios meses en prisión, ser integrados a programas de terapia e integración social, y trabajar en conjunto con padres de familia y autoridades educativas, que les permita entender la magnitud de sus acciones.
“Obtenemos un reporte individual, si tiene problemas mentales, de adicciones o historial criminal, porque queremos tratar cada caso de forma justa, asegurarnos de que sean conscientes de sus acciones, pero también que haya garantía de su rehabilitación”, puntualizó.
Actualmente, la fiscalía del condado de San Diego investiga seis casos más de amenazas a planteles escolares. De resultar positivos, los responsables deberán enfrentar a la autoridad.
