90 Personas Privadas de la Libertad (PPL), desconocían su situación dentro de su proceso legal durante este año, de acuerdo con Jorge Álvaro Ochoa Orduño, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC).
Ochoa Orduño mencionó que fue necesario realizar 19 jornadas dentro de los Centros de Reinserción Social de Baja California, para atender estas denuncias.
“Iban Personas Privadas de la Libertad que solicitaban la intervención de la Comisión por temas relacionados con el estatus jurídico de sus procesos”, dijo.
Muchas de las PPLs no tienen acceso a la contratación de un abogado particular, por lo que es necesario que cuenten con un defensor público que atienda sus casos e informarles sobre el estatus de sus casos, aclaró el presidente de la CEDHBC.
“Es cierto que siempre e históricamente en la defensoría pública hacía falta personal, pero tengo entendido que han contratado a varios abogados en el estado y se está dando un mejor servicio”, destacó.
Ochoa Orduño también mencionó que hay retrasos en audiencias por parte del Poder Judicial, como consecuencia de la pandemia por Covid-19, esto ha provocado incertidumbre a las Personas Privadas de la Libertad.
“Ahí hay una combinación de situaciones”, expresó el comisionado de Derechos Humanos en Baja California.
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Para la atención de estas quejas no fue necesario que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California emitiera recomendaciones a las autoridades señaladas, pues los problemas fueron atendidos durante las 19 jornadas que realizó la Comisión dentro de los centros penitenciarios, dijo Ochoa Orduño.
“No se llevan a recomendación porque se resuelven durante el procedimiento. Son gestiones que se resuelven con el hecho de darles información y asesorando”, finalizó.
