Fue en 2022 que Melitón Guzmán inició con el trámite de regularización de su Ford pick up, luego de ser extorsionado de forma frecuente por parte de la Policía Municipal y ver en el decreto del gobierno federal, una vía para acabar con esa molestia.

Sin embargo, en aquel año cuando recién arrancaba el decreto, no pudo completar el proceso, pese a que ya lo había pagado, debido a que se le dañó la transmisión de su vehículo, y no pudo llevarlo a la revisión mecánica, ni tampoco se le permitió trasladarlo en una grúa.

Y aunque le hacen válido el pago de dos mil 500 pesos que pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), no encontraban en las oficinas estatales la documentación que entregó hace dos años cuando comenzó el proceso de regularización.

“Traen los papeles traspapelados y ahorita los andan buscando. Y quiero terminar para pagar impuestos, andar bien, porque de 200 en 200 a cada patrulla, imagina, ya solo con placas americanas te paran. Espero que encuentren los documentos, porque no saben dónde los archivaron”, expresó.

A casi dos años de haber comenzado con el proceso, no le preocupó a Melitón dedicar al trámite el día libre en su empleo, con el solo propósito de tener en la mano sus placas mexicanas.

Actualmente el módulo habilitado por el gobierno del estado en las instalaciones del Instituto de Movilidad Sustentable (Imos), se mantiene trabajando con normalidad, aunque con menor afluencia, en comparación con los primeros meses de 2022, cuando entró en vigor el decreto para regularizar los autos “chocolate”.

Aunque el proceso resulta más ágil, los usuarios señalan que aún deben pasar algunas horas en el desarrollo del trámite, pues sigue siendo lenta la validación de la documentación, así como la inspección de la unidad.

Gabriela Villanueva ha tenido que dedicarle un par de días a completar la regularización de su Nissan Altima, tiempo que se suma a los tres meses que le tomó obtener la cita a través de la página oficial del gobierno federal.

“El único detalle es hacer fila, con el sol y estar ahí esperando, es todo un proceso hacer la fila. Tampoco regresan el título, se quedan con ese documento, no sé por qué detalle, a unos vi que se lo regresan, quizás porque están checando el Carfax”, comentó.

Indicó que en total invirtió seis mil pesos en la regularización de su unidad, entre el cobro del SAT y el valor de las placas, sin embargo, dijo que pudo haber gastado más, porque había “coyotes”, que le querían cobrar hasta mil 800 pesos por conseguirle la cita.

Una situación similar vivió Antonio Figueroa, que tuvo que esperar algunos meses para obtener su cita, debido a que anteriormente eran escasas, y abundaban los “coyotes”, que le prometían agilizar el proceso.

En su caso, mencionó que busca regularizar un automóvil para llevárselo al sur del país, porque no quiere enfrentar las extorsiones en su camino al interior de la República, ya que al circular con placas americanas, se siente más vulnerable ante la Policía.

“Si el gobierno nos da esa posibilidad, hay que aprovecharla, la gente debe hacerlo, y aunque es un poco tardado, hay que confiar”, externó.

De acuerdo al reporte actualizado del gobierno de México, que contempla datos hasta marzo pasado, en Baja California iban regularizados 333 mil 643 vehículos de procedencia extranjera, en los 10 módulos que estaban operando en la entidad.

El delegado del gobierno federal, Jesús Ruiz Uribe, estimó que a esa cifra podrían sumarse 150 mil más, hasta que finalice el actual decreto el próximo mes de octubre, aunque dejó abierta la posibilidad, de que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, lo amplíe de nueva cuenta.

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“Va muy bien, sigue avanzando, ya se han entregado los recursos para que se bachee”, declaró en entrevista con este medio de comunicación.

La posibilidad de que el decreto sea ampliado en el próximo gobierno no ha sido bien tomado por el comercio de autos usados de esta frontera, que han externado la competencia desleal de parte de los vendedores de este tipo de unidades.

Jorge Macías Jiménez, vicepresidente de Competitividad de la Zona Fronteriza, comparaba el valor actual de la regularización, que es de dos mil 500 pesos, frente a los mil 800 dólares que llega a valer una importación.

“Ahorita con esta competencia no es negocio, la verdad estamos sobreviviendo, estábamos con la esperanza de que se terminara cuando acabara este gobierno pero es un tema que traen para seguir promocionando. Es un tema difícil porque se está promoviendo la informalidad y la venta en las calles de vehículos ilegales”, decía el comerciante a El Sol de Tijuana.