Organismos de abogados con representatividad local y nacional coincidieron en la conformación de un frente común para exigir al poder legislativo y ejecutivo de Baja California, revisar las prioridades del gasto del poder judicial para que le autorice recursos suficientes para su operatividad.
“Los abogados debemos adoptar el compromiso que nos corresponde y apoyar al poder judicial y ser parte de la solución del problema”, compartió Román Antonio Aboytes Hernández, consejero de la Confederación de Colegios, Asociaciones de Abogados de México, A. C. (Concaam).
La falta de presupuesto suficiente para el poder judicial lo consideró como “un mensaje lamentable, ya que revela que el estado no tiene la capacidad para proveer de los recursos suficientes y necesarios para que el imperio de la justicia prevalezca”.
Agregó que los gremios de abogados deben presentar propuestas de presupuesto para convencer al legislativo y ejecutivo el proveer un mejor presupuesto
En entrevistas por separado, Catalina Salas Bravo, presidenta de la Federación Estatal de colegios, Barras y Asociaciones Abogados de Baja California (Fedabo), se dijo extrañada que, a pesar de la gestión por parte de abogados litigantes, el Congreso del Estado no haya autorizado los 67 millones de pesos que se comprometió ampliar al poder judicial.
Y aunque aprobó la conformación de un frente común para gestionar la independencia presupuestaria al poder legislativo, anotó que esta debe contar con ciertos candados.
“La comunidad de abogados litigantes somos los primero en querer una independencia del poder judicial, pero tampoco les vamos a entregar un cheque en blanco, como ya en otras ocasiones se han gestionado recursos y nos hemos encontrado con la sorpresa de que esos recursos los han destinado para sus retiros y otras prestaciones”, recordó.
Por su parte, Rafael Mauricio Cruz Manjarrez García, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados en Baja California, se dijo a favor de que el poder legislativo abogue para que el poder judicial de Baja California cuente con la autonomía presupuestaria como lo establece ley, haciendo a un lado a intermediarios, como el ejecutivo estatal, a la hora de aprobar su presupuesto, opinó.
Dijo que la crisis presupuestaria que enfrenta actualmente el poder judicial deriva precisamente por la triangulación que se da, tanto en la solicitud del presupuesto, como en la asignación del mismo.
