/ miércoles 11 de septiembre de 2024

Acude Jaime Bonilla a su cita ante FGE Mexicali por contrato a Next Energy

El exgobernador dijo: “no hay delito que perseguir” en el proyecto de la planta fotovoltaica Next Energy

El exgobernador Jaime Bonilla Valdez acudió a su citación en la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, en Mexicali, por el caso de la planta fotovoltaica de Next Energy.

Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del gobierno estatal, explicó que el exgobernador fue citado este miércoles 11 de septiembre a las 14:00 horas luego de que envió un escrito a la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde señalaba domicilio para recibir notificaciones.

“El propósito es verificar que efectivamente ese escrito fue presentado por el señor Jaime y para poderle dar todos los elementos que son necesarios para que él pueda llevar a cabo su derecho a la defensa”, añadió Pon Méndez.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, recordó que la administración estatal de Bonilla Valdez contrató a la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica sin la autorización del gobierno federal.

“Son los únicos facultados y con las competencias para construir ese tipo de desarrollos de plantas fotovoltaicas (...) Aún así hizo un contrato donde dicen y comprometen las participaciones federales, aún y cuando no se construya la planta fotovoltaica”, explicó la mandataria.

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Pon Méndez agregó que por esta investigación se encuentran nueve personas vinculadas a proceso, de las cuales ocho enfrentan auto de apertura de juicio: cinco de ellas exservidores públicos y tres particulares.

Estas personas son acusadas de los delitos de uso ilícito de atribuciones, uso ilícito de atribuciones y facultades cometidos por particulares, así como por el delito de peculado, añadió.

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“En el pasado mes de julio, a través de una apelación, logramos que adicionalmente a estos delitos también se les pudiera vincular por el delito de abuso de autoridad”, destacó el consejero jurídico.

José Pon señaló que el delito de abuso de autoridad se sanciona con nueve años de prisión, el uso ilícito de atribuciones y facultades hasta con 12 años, mientras que por peculado la pena puede ser de hasta 16 años en prisión.

El exgobernador Jaime Bonilla Valdez acudió a su citación en la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, en Mexicali, por el caso de la planta fotovoltaica de Next Energy.

Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del gobierno estatal, explicó que el exgobernador fue citado este miércoles 11 de septiembre a las 14:00 horas luego de que envió un escrito a la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde señalaba domicilio para recibir notificaciones.

“El propósito es verificar que efectivamente ese escrito fue presentado por el señor Jaime y para poderle dar todos los elementos que son necesarios para que él pueda llevar a cabo su derecho a la defensa”, añadió Pon Méndez.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, recordó que la administración estatal de Bonilla Valdez contrató a la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica sin la autorización del gobierno federal.

“Son los únicos facultados y con las competencias para construir ese tipo de desarrollos de plantas fotovoltaicas (...) Aún así hizo un contrato donde dicen y comprometen las participaciones federales, aún y cuando no se construya la planta fotovoltaica”, explicó la mandataria.

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Pon Méndez agregó que por esta investigación se encuentran nueve personas vinculadas a proceso, de las cuales ocho enfrentan auto de apertura de juicio: cinco de ellas exservidores públicos y tres particulares.

Estas personas son acusadas de los delitos de uso ilícito de atribuciones, uso ilícito de atribuciones y facultades cometidos por particulares, así como por el delito de peculado, añadió.

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“En el pasado mes de julio, a través de una apelación, logramos que adicionalmente a estos delitos también se les pudiera vincular por el delito de abuso de autoridad”, destacó el consejero jurídico.

José Pon señaló que el delito de abuso de autoridad se sanciona con nueve años de prisión, el uso ilícito de atribuciones y facultades hasta con 12 años, mientras que por peculado la pena puede ser de hasta 16 años en prisión.

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