Tijuana.- La falta de medicamentos e insumos médicos en Baja California ha propiciado que se presenten al menos cinco denuncias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y jueces de distrito en la entidad para que las autoridades señaladas cumplan con su obligación de proporcionar los medicamentos y tratamientos, en su mayoría relacionados con diagnósticos de cáncer.
La abogada Zaira Valdez explicó que estos asuntos están radicados en Mexicali, y al encontrarse en proceso activo no se puede abordar abiertamente, sin embargo, confirmó que se tratan de “solicitudes a la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para tratamiento oncológico”.
De 2019 a 2020 la judicialización de los casos de salud tuvo una evolución: pasó de demandas en donde principalmente se exponía o reclamaba por la calidad del servicio de salud o la falta de él, al reclamo –casi en su totalidad– por los medicamentos e insumos en el sector salud, con las mayores afectaciones en los pacientes de tercer nivel, en enfermedades como el cáncer y el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Valdez recordó que el derecho a la protección de la salud tiene rango de derecho humano suscrito en los tratados internacionales que México reconoce, y con la reforma constitucional del 2011 y 2015 referente a la Ley de Amparo, estos tratados tienen efecto sobre la ley para otorgarle a los ciudadanos la posibilidad de presentar alegatos por violaciones al derecho a la protección de la salud.
A raíz del “Mapeo del desabasto de medicamentos en México”, Informe de Transparencia en Salud 2019-2020, presentado el pasado 29 de abril por distintas asociaciones civiles, las doctoras Fernanda Cobo y Sofía Charvel, centradas en la investigación de las quejas relacionadas con el desabasto, comunicaron que en circuitos judiciales de las 32 entidades del país se han promovido mil 231 juicios de amparo directo o indirecto relacionados con faltas o fallas en las prestaciones adecuadas del servicio de salud.
“Podemos dividirlo en dos grandes aspectos”, mencionó la doctora Fernanda Cobo, relacionados con el Covid-19 y el problema relacionado con el desabasto de medicamentos, los cuales representan 80% de los casos de juicios de amparo entre el 2019 y 2020 a nivel nacional.
La especialista refirió que no se habla de suministro de medicamentos de enfermedades de baja prevalencia o ultra especializadas, en donde el desabasto es hasta cierto punto más común por la complejidad de la enfermedad.
“La problemática actual es con el suministro de medicamentos contemplados en el Compendio Nacional de Insumos, antes Cuadro Básico de Medicamentos”, con una tendencia ascendente entre 2018 y 2020.
La doctora Sofía Charvel advirtió que el problema no termina en el incremento de demandas por la falta de medicamentos.
“Los médicos se van a ver imposibilitados en cumplir las sentencias, aún con las sentencias a favor del paciente en donde te dicen tienes que entregarle el medicamento”, destacó.
A la fecha, agregó, hay casos de amparos resueltos donde las condiciones en que las respuestas de las autoridades han sido con medicamento caduco.
¿Qué va a pasar si nos llegamos a enfrentar a una situación en donde ni siquiera se pueda cumplir con lo establecido en los amparos por una imposibilidad real de no contar con los medicamentos? Plantean las médicas, quienes ponen de manifiesto al menos una situación que en el contexto internacional puede tener un impacto catastrófico sobre el suministro de medicamentos e insumos de México.
“El caso de la India es verdaderamente preocupante, es uno de los principales proveedores, que sabemos actualmente se encuentra en una crisis sanitaria, lo que podría significar la interrupción de cadenas de suministro”, expuso la doctora como una acción sobre la cual no se puede tener control.
LA ACCIÓN DE LA CNDH Y LAS COMISIONES ESTATALES
A pesar del creciente número de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y sus homologas en los estados, por la presunta violación del derecho a la protección de la salud, en el que se presume desde falta de atención medica hasta tratamiento y medicamentos incompletos, el organismo autónomo no se ha dirigido a las autoridades señaladas y directamente relacionadas con los servicios médicos.
En la entidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDH) ha emitido solo una recomendación a la autoridad estatal por el Sistema Estatal Penitenciario, en donde se incluye la garantía de atención médica, sobre todo, a raíz de la pandemia por el Covid-19.
Sin embargo, sobre el resto de los casos de pacientes que han exigido garantías de tratamiento y medicamentos, no se ha pronunciado.
En el mismo “mapeo” citado en este texto se detalla que la investigación tuvo un alcance de 138 instituciones estatales y 25 federales, en donde se llegó a la conclusión de que el mayor número de quejas fueron captadas por los subsistemas de salud federales, en segundo lugar, por las comisiones de derechos humanos y en tercera posición, se menciona a las comisiones de arbitraje médico.
En Baja California, la CEDH ha registrado durante 2021, 36 quejas relacionadas con el derecho a la protección de la salud.
Las autoridades señaladas con mayor frecuencia han sido: el Sistema Estatal Penitenciario (Ceresos Coordinación Médica), con 22 quejas; la Secretaría de Salud del estado, con seis quejas; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con tres quejas; y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali).
Durante 2020, las quejas relacionadas con el derecho a la protección de la salud crecieron a 623. Las autoridades señaladas con mayor frecuencia fueron: el Sistema Estatal Penitenciario (Ceresos Coordinación Médica), con 485 quejas; la Secretaría de Salud del estado, con 63 quejas; el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 32 quejas; y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), con 21 quejas.
¿POR QUÉ EL PROBLEMA NO SE HA RESUELTO?
Al igual que el panorama nacional, la abogada menciona que hay poco interés de las autoridades por fortalecer la industria estatal del suministro de medicamentos e insumos, lo que hace que se dependa de los mercados internacionales.
Mientras que las doctoras Charvel y Cobo exponen que la falta de reglas claras, desde los cambios en el sistema de operación de compras de medicamentos, ha provocado en gran medida la problemática actual sin que se haya previsto una solución, aunque sea temporal, para no dejar en el desabasto a los mexicanos.
“El sistema de salud mexicano requiere de una solución rápida y eficiente, desgraciadamente, con respecto a la salud no se puede hacer nada rápido, hay reglas que seguir para garantizar que lo que se adquiere cumple con las normas internacionales de salubridad y las propias”, concluyó la doctora Sofía Charvel.