En el portón del albergue Casa del Migrante en Tijuana, un grupo de ex residentes de ese albergue hace fila para recibir algo de comida. Acuden habitualmente mientras se logran establecer con un trabajo que les brinde los recursos suficientes para hogar y alimento.
Al interior de ese espacio, fundado en 1987, hay niños que juegan y reciben orientación de trabajadoras sociales para realizar sus tareas escolares.
Son menores bajo cuidado mientras sus padres, también ex residentes del albergue como los que hacen fila afuera, están trabajando.
La Casa del Migrante es uno de los 33 albergues para personas en contexto de movilidad que hay actualmente en Tijuana, y como ellos, sufrió la eliminación de recursos federales desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Ahora con la nueva orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los encargados de esos albergues que rondan el 60% de su capacidad temen una crisis migratoria a consecuencia de las deportaciones.
José María Lara, fundador del Albergue Juventud 2000, dice que si Estados Unidos enviará extranjeros a México como lo ha hecho en el pasado reciente, también debería haber recursos para atenderlos.
“Hacemos nuestra parte de ayudar a estas comunidades con lo poco que tenemos, porque no tenemos recursos económicos. Hacemos el llamado a nuestro gobierno que si toman estos acuerdos también manejen recursos para apoyar a las asociaciones de la sociedad civil que son los primeros respondientes”, comentó.
Sentado en una banca de la Casa del Migrante, con una mochila en la espalda, está Javier Ortíz, una de las 100 personas en tránsito que el albergue atendía en ese momento, antes de las nuevas restricciones.
Acababa de ser deportado de California tras más de 23 años de residir en ese país donde formó una familia.
“Entre lo mal que la pasé, fue algo bonito llegar aquí. Nunca me esperé llegar así, porque venía pensando en cómo llegar, pasar la noche y de ahí irme a Guerrero porque mis papás son de allá”, relató.
Con poco más de una semana en Tijuana, ya consiguió un empleo en la construcción y busca establecerse para estar cerca de sus hijos que viven en Riverside, quienes lo visitarán en la frontera.
Desde hace seis años, las asociaciones han tenido que idear estrategias para subsistir sin eliminar servicios ni reducir espacios para quienes llegan buscando un techo como Javier y ahora, se preparan para las deportaciones que se avecinan.
“SI CERRAMOS LOS ALBERGUES, EL GOBIERNO VA A TENER MÁS PROBLEMAS DE LOS QUE TIENE HOY”
Patrick Murphy, director de la Casa del Migrante, lamentó la falta de sensibilidad de la actual administración federal al no haber escuchado a las organizaciones civiles antes de cortar el apoyo de un solo golpe.
La medida las obligó a buscar recursos con colectas comunitarias, carreras atléticas, torneos de golf y otras actividades similares.
“Desde que AMLO entró dijeron: no van a recibir nada. Lo aceptamos, no estamos de acuerdo, pero ni modo. Estamos haciendo el trabajo de gobierno, gracias a Dios tenemos una historia larga de 37 años”, comentó.
El también sacerdote católico admite que hoy existen apoyos gubernamentales en especie, pero no son suficientes para la necesidad.
“Nos duele porque el gobierno no está metido en nada, son muy pocas cosas en que ayuda y llegan de vez en cuando con la donación de algunas cosas como comida. No es como antes cuando los albergues podían aplicar para fondos”, externó.
El activista de origen norteamericano expuso que la operación de la Casa del Migrante cuesta 800 mil dólares anuales y los recortes de López Obrador limitan el crecimiento de personal e infraestructura.
“No podemos pensar en cosas diferentes porque tenemos que pensar en sobrevivir cada semana, cada mes, y no nos da aire para respirar. Lo que nos duele más, es lo que nos dijo AMLO desde el principio: `Si ellos quieren seguir adelante, que sigan, pero no los vamos a apoyar ́. Si cerramos los albergues, el gobierno va a tener más problemas de los que tiene hoy en día”, manifestó.
De acuerdo con José María García Lara, una eventual crisis será consecuencia de la lentitud de CBP One, la vía legal para solicitar asilo que abrió el gobierno norteamericano, porque los migrantes tardan entre 8 y 9 meses para conseguir una cita.
“Ha causado que mucha comunidad ya no se quede en los refugios, llega prácticamente de manera directa a entregarse y eso ha causado esta acción, esta nueva orden ejecutiva”, afirmó.
ALBERGUES SIN VOCACIÓN SE APROVECHARON
Para el presidente de la Coalición Pro Defensa del Migrante, José Moreno Mena, el modelo anterior, con el gobierno entregando dinero a los albergues tampoco era el ideal, ya que surgieron seudo organizaciones que se beneficiaron sin apoyar a la comunidad migrante.
Tan solo entre 2009 y 2017, el Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM), distribuyó anualmente entre 100 y 300 millones de pesos a nivel nacional, de acuerdo con una evaluación elaborada por Mónica Vázquez Isidoro, como parte de una tesis realizada para El Colegio de la Frontera Norte (El Colef).
“No creo que sea muy conveniente la cuestión del recurso, porque cuando hay dinero físico hay corrupción. Fue lo que ocurrió, se corrompió, condicionaban el tipo de obras que se realizaban con los contratistas, las bolsas que se repartían eran de manera discrecional y los ganones eran los centros de rehabilitación que apoyaban en las campañas a cierto candidato”, dijo Moreno Mena.
De igual manera, señaló que el sistema anterior permitió que algunos albergues lucraran con la causa migrante, porque además de recibir recursos federales cobraban una cuota a las personas que buscaban alojamiento.
“Muchas organizaciones que no trabajaban con migrantes empezaron a hacerlo porque había recursos y cambiaron sus estatutos”, comenta.
Años atrás incluso hubo conflictos entre organizaciones civiles de la ciudad a consecuencia de la selección interna de proyectos que recibirían efectivo.
“Era una bolsa para gente afín a los gobiernos y así empezó el colapso, porque el consejo estatal (de asociaciones civiles) era subordinado de los intereses de los gobiernos en turno. Era una especie de control para los fines políticos del estado”, aseveró.
El activista planteó un modelo de apoyo gubernamental en el que se priorice la entrega de enseres domésticos, equipo de apoyo como vehículos o financiamiento para obras de infraestructura.
Pero especialmente, para la contratación de personal, ya que los apoyos que hoy reciben de fundaciones internacionales y donaciones de empresas, no están etiquetado para esos fines.
“El problema es que los albergues históricos no han podido crecer, porque las bolsas no permiten usar recursos en gasto de personal, es para puro alimento. El nuevo gobierno tiene que pensar en abrir más albergues, porque el estado tiene la responsabilidad de atender a los grupos vulnerables, no dejárselos a la sociedad civil”, agregó.
El presidente de la Coalición Pro Defensa del Migrante mencionó que si bien fueron eliminados los fondos federales, los albergues reciben apoyo ocasional con alimentos, además de la condonación del pago de energía eléctrica y agua.
ALBERGUES SIN REGULARIZAR
De los 33 albergues que hay en esta frontera, al menos la mitad no han concluido los trámites que exigen autoridades estatales y municipales, de acuerdo con el director de atención al migrante de Tijuana, Enrique Lucero Vázquez.
Sin embargo, el ayuntamiento y el gobierno estatal les han dado facilidades porque algunos surgieron tras eventos como la Caravana Migrante, el programa Quédate en México y el Título 42.
“Ha habido un plan de regularizar, pero, ¿qué vas a hacer con un albergue que está instalado en un espacio que no está permitido? Tienes que cambiarlo, pero no es un trabajo sencillo, se requiere infraestructura”, comentó Lucero Vázquez.
“Si nos pusiéramos estrictos, porque no nada más depende de la clausura del ayuntamiento, es de Coepris o la federación, la mitad tendría que cerrar. Es un trabajo muy pesado que ha quedado pendiente, pero no quiere decir que no se está haciendo”, afirmó.
El funcionario municipal no atribuye a la falta de recursos federales el que algunos albergues no hayan logrado regularizarse, pero admite que los refugios requieren de un proceso largo para conseguir donaciones y eso solo complica que cuenten con los recursos para hacer frente a las obligaciones gubernamentales.
“Tienes que estar dado de alta para recibir donaciones en el extranjero, que son aportaciones en especie o en efectivo, y tienes que estar dada de alta ante el SAT como donataria, estar constituida como asociación civil, con acta ante notario”, detalló.
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Lucero Vázquez mencionó que el ayuntamiento de Tijuana destina anualmente una bolsa de apoyo a organismos de la sociedad civil.
Para ese recurso compiten asociaciones civiles que atienden todo tipo de causas, entre albergues para migrantes, con la esperanza de obtener un único cheque de entre 20 mil a 80 mil pesos.
