Tijuana.- Aunque los ayuntamientos pudieran tener la capacidad de prestar una gran cantidad de recursos al gobierno estatal, esto es insólito debido a que nunca antes había ocurrido en la historia de Baja California, por lo que esta medida no puede considerarse como normal, pero admitió que sí pueden apoyarse entre sí los órganos de gobierno.
Víctor Ávalos Figueroa, analista financiero del Observatorio Ciudadano de Baja California, recordó que esta asociación civil ya había identificado los problemas de liquidez que tenía el gobierno estatal al corte del 31 de marzo en sus finanzas, lo cual sumaba alrededor de 10 mil 500 millones de pesos.
Sobre el préstamo que fue solicitado a los Ayuntamientos de Tijuana y Playas de Rosarito por parte de las autoridades estatales, consideró que se puede atribuir a lo que ocurrió en las finanzas estatales entre abril y junio, lo cual se desconoce de manera pública ya que esto no se “sube” a los portales de transparencia de manera inmediata.
“Lo que sucedió en abril, mayo, junio, nosotros lo desconocemos porque (todavía) no está en los portales, solamente son ellos los que saben cómo va la operación, pero si mensualmente el estado recibe de la federación 4 mil millones y mas o menos ese es el importe que se gasta en nóminas, pues lógicamente no hay mucho recurso para pagar los compromisos a corto plazo”.
El contador reiteró que nunca antes el ejecutivo estatal le había pedido un préstamo a los Ayuntamientos, pero opinó que si se tiene conocimiento de que los municipios tienen excesos en sus ingresos, estos pueden darse el lujo de prestar, sin embargo, si se analiza cómo se encuentran en lo general los cinco ayuntamientos de Baja California, realmente todos tienen créditos, deudas y falta de inversión pública.
“No sé cuál sea la justificación interna de cada ayuntamiento para que dentro de sus recursos, prestarlos, o sea, solamente internamente cada uno de ellos pueda revisarse o pueda analizarse, pero no es normal. Lo normal es que el ayuntamiento le solicita apoyos al gobierno del estado, no a la inversa; pero en fin, ellos en operación pueden saber lo que están realizando”.
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El experto dijo que falta esperar lo ocurrirá el día último de julio respecto al cumplimiento de pago de los adeudos que tiene el gobierno estatal.
Recordó que el ejecutivo no tiene que liquidar todas sus deudas antes de que termine la administración estatal, sino únicamente las principales y los créditos bancarios a corto plazo tres meses antes de la entrega recepción, lo cual ocurrirá precisamente el 31 de julio.
El artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera, en su capítulo II define los lineamientos de la contratación de obligaciones a corto plazo, mismas que deben de ser pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas obligaciones a corto plazo durante estos últimos tres meses.