Tijuana.- Creado para prevenir, investigar y castigar la corrupción, a tres años de su creación el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Baja California carece de un fiscal anticorrupción y cuenta con un Comité de Participación Ciudadana (CPC) dividido en dos frentes.
Aunque quienes integran el SEA reconocen que después de la delincuencia, la corrupción es el segundo problema que enfrenta Baja California, los 22 integrantes del órgano de gobierno -11 ciudadanos y 11 funcionarios de gobierno- no han logrado ponerse de acuerdo ni siquiera para sesionar.
El desplome del Sistema se ha dado particularmente durante el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez, a quien Eduardo Arredondo Uribe, presidente del SEA acusó de ordenar a varios de los integrantes no atender las convocatorias del Consejo de Participación Ciudadana.
Por otro lado, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del SEA (SESEA), no ha rendido cuentas del presupuesto anual de aproximadamente 15 millones de pesos que le fue otorgado durante 2019 y 2020, razón por la que no presentó ni obtuvo un presupuesto este año.
Por esa razón fue suspendido el secretario técnico del SESEA, Ramón Irineo Romero, y la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) en abril iniciaron auditorías.
Además de Irineo, esta semana fueron suspendidos seis consejeros más, entre ellos el presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEA, Eduardo Arredondo Uribe.
El colapso del SEA puede ser mayor, si el Congreso del Estado atiende la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar los artículos 16 y 17 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, con lo que se podría anular la conformación de todos los integrantes del SEA, advirtió el diputado Juan Manuel Molina.
ACCEDE A NUESTRA EDICIÓN DIGITAL ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
LUCHA DE PODER DESATÓ CAOS
Para el diputado Juan Manuel Molina, el nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del SEA (SESEA), dividió a los integrantes del SEA.
“Es una lucha por el poder, una lucha por designar y una lucha por figurar”, expuso.
Pero el origen del problema fue el nacimiento del SEA, dijo, la forma como se hizo la designación de consejeros y la diferenciación que se hizo al calificarse a unos como honorarios y otros técnicos.
A mediados de enero de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió anular los artículos 16 y 17 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, sentencia que notificó al Congreso del Estado el 6 de junio de este año.
La SCJN determinó que “los Congresos locales tienen libertad de configuración para regular sus Comités de Participación Ciudadana (CPC), siempre y cuando guarden equivalencia con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)”.
De acuerdo al SNA, los Comités de Participación Ciudadana están integrados por cinco consejeros ciudadanos y no 11 cómo se conformó en Baja California.
Tampoco debe haber diferenciación entre los consejeros ciudadanos y todos deben percibir el mismo sueldo, no como se hizo en la entidad que se dividió en honorarios y técnicos, pagándose solo a los que fueron nombrados como técnicos.
En su sentencia, la corte resolvió hacer valer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, recordando que los consejeros ciudadanos “no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza que les impida el libre ejercicio de sus servicios”.
Este último punto se ordenó “por los nombramientos dentro del consejo de Jorge Sauceda como Ramón Irineo, a pesar de que uno era director jurídico del poder judicial y otro director jurídico de Sindicatura Municipal”, explicó.
El dictamen de la SCJN obliga al Congreso local reformar la Ley del SEA de Baja California, “se debe hacer una reconformación del Sistema con cinco integrantes que no tengan relación laboral con el estado pero que sean pagados de acuerdo al esquema a honorarios asimilables a sueldos para que no haya una relación laboral propiamente y guarden su autonomía”, dijo.
Sin embargo, descartó que sea la actual legislatura la que realice la reforma a la Ley y haga los nuevos nombramientos del CPC, tarea que se dejará a la XXIV legislatura.
SHFP SUSPENDERÁ A MÁS CONSEJEROS
Francisco José Fiorentini Cañedo, Eduardo Arredondo Uribe, Jorge Topete Calvario, Omar Marrón Luna, Fermín Álvaro Gutiérrez Villa y Claudia Téllez Aguilar fueron suspendidos esta semana, como resultado de la auditoría que se realiza a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del SEA (SESEA), informó Vicenta Espinosa, secretaria de Honestidad y la Función Pública. “Estamos auditando y están saliendo muchas irregularidades”, dijo.
Durante 2019 y 2020, el SEA percibió un presupuesto anual de aproximadamente 15 millones de pesos, recursos cuyo destino no ha sido aclarado, lo que impidió a la SESEA poder solicitar presupuesto para 2021.
Es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del SEA (SESEA), la encargada de administrar los recursos, a través de su secretario técnico, Ramón Irineo Romero, quien fue suspendido a mediados de abril de este año por oponerse a ser auditado por la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP), dependencia a cargo de Vicenta Espinosa.
¿BUSCAS O VENDES ALGO? ¡ANÚNCIALO EN CLASIFICADOS!
En su momento, Irineo Romero acusó a la SHFP de actuar con arbitrariedad, al irrumpir en las instalaciones de la SESEA para llevar a cabo una auditoría, de la que, señaló, carece de facultades para ejercer.
Entonces atribuyó que el actuar de la autoridad estatal respondía a la intención de SEA por investigar posibles actos de corrupción, particularmente el tema de los “moches”, tema que involucró a funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla Valdez y que fue revelado en 2019, al inicio de la administración estatal.
De acuerdo a Ricardo Zurita López, Irineo también se ha negado a rendir cuentas ante el órgano de gobierno de la SESEA, razón por la que la Auditoría Superior del Estado también realiza una revisión del recurso público manejado durante los dos años anteriores.
Respecto al señalamiento de Ramón Irineo en el sentido de que la SHFP carece de facultades para auditar al SESEA, la funcionaria sostuvo que, de acuerdo al artículo 71 de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Baja California, sí cuenta con potestad para ello.
INASISTENCIA DE CONSEJEROS A SESIONES
La inasistencia de los 22 consejeros -11 ciudadanos y 11 funcionarios de gobierno- a las sesiones convocadas es una de las causas que mantiene paralizado el Sistema Estatal Anticorrupción, anotó el consejero Ricardo Zurita López.
De acuerdo al calendario de sesiones del SEA, en 2020 se realizaron cinco sesiones, de las cuales cuatro fueron suspendidas por falta de quórum, mientras que de la única que se logró llevar a cabo, tiene pendiente la aprobación de su acta.
En lo que va de 2021, por falta de quórum de los representantes gubernamentales se canceló la primera y única sesión extraordinaria convocada por el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del SEA (SESEA).
Con la suspensión de seis de los integrantes y la renuncia voluntaria de uno, el Consejo de Participación Ciudadana solo cuenta con 15 integrantes activos.
En este contexto, el miércoles 30 de junio los consejeros Edgardo Silva y Ricardo Zurita, encabezaron una sesión extraordinaria, declarándose válida al sumar una asistencia de 8 integrantes, seis de ellos funcionarios.
En esta sesión se resolvió remover y cesar a Luis Irineo como secretario técnico de la SESEA.
Irineo Romero se negó a emitir comentario al respecto, toda vez que dijo estar a la espera que las autoridades competentes resuelvan y le notifiquen de manera formal, “solo puedo decir que fui suspendido y por esa razón estoy imposibilitado para dar información, promoví un amparo, recurrí a los tribunales, es lo que puedo decir”, acotó.
