Estados Unidos podría incrementar deportación de mexicanos al doble a partir de agosto, es decir, a 400 diarios, sin que hasta el momento el gobierno federal aporte recursos para atender a esta población en franco crecimiento, advirtió José Luis Pérez Canchola, director municipal de Atención al Migrante.
Indicó que con la nueva instrucción del gobierno estadounidense de deportar de inmediato sin el derecho de presentar ante un juez a los extranjeros detenidos que se han contagiado de coronavirus, el destierro de mexicanos podría duplicarse a partir de agosto.
Agregó que, por amenazas del narco y pandillas, el desplazamiento hacia Tijuana de habitantes de Michoacán y Guerrero también se ha incrementado, 20% de los mil migrantes refugiados en El Chaparral son de Michoacán, detalló.
Pero las personas que se refugian en El Chaparral, se encuentran en riesgo, ya que ese sitio también es utilizado como refugio por asaltantes y polleros, de ahí la necesidad de llevar a los migrantes a un lugar seguro.
Respecto a la renta de un albergue que sería habilitado por el municipio de Tijuana, dijo que al no poder ofrecer al arrendador garantía de que la nueva administración que encabezará Monserrat Caballero continuaría con la renta del espacio, se canceló el convenio.
“Se dio un acuerdo que promovió la alcaldesa Karla Ruiz en rentar las instalaciones, pero se canceló el acuerdo porque se entró en duda de que tanto lo iba a poder sostener la administración entrante, de tal manera que el tema regresó a la federación”, agregó.
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No obstante, sostuvo que en el caso de los migrantes que arriban a Tijuana, estos son apoyados únicamente con recursos que dispone el gobierno de Tijuana, los cuales son de un monto de 150 mil pesos mensuales, 100 mil para alimentos y 50 mil para apoyar con el pago del pasaje a quienes decidan retornar a sus lugares de origen.
“Yo espero que, en los próximos días, antes de que cambie la administración municipal y estatal se encuentre una solución, que no es otra más que rentar suficientes espacios por parte de la federación”, subrayó.
Pérez Canchola conminó a los diputados y senadores a revisar la Ley de Migración de 2011, que consideró obsoleta, así como la Ley de Refugio que demanda muchos requisitos, cuyos contenidos “se deben flexibilizar, humanizar en beneficio de esta población, para que se puedan integrar a la comunidad y todos salimos ganando”.
