Autoridades gubernamentales deben aprovechar las aguas negras que serán tratadas en la planta de Punta Bandera y no desecharla al mar, de esta manera evitarían los daños ambientales que representa desalarla, consideró Fay Crevoshay, directora de comunicaciones y políticas públicas de la asociación Costa Salvaje (Wild Coast).
Mencionó que el agua tratada puede ser utilizada en los campos de hortalizas, de la vid en Valle de Guadalupe, incluso para el autoconsumo de la Zona Costa.
Fay Crevoshay, opinó que en Baja California aún no es necesaria una planta desaladora, como la que se pretende construir en Playas de Rosarito, porque aún se puede aprovechar el recurso hídrico y rehusarlo, algo que no se hace actualmente en la entidad.
“En Rosarito es el peor lugar donde lo puedes hacer, porque ahí está cayendo muchísima agua contaminada, con muchísima materia orgánica, horita de Punta Bandera, pero eso se resuelve, hay muchísimos escurrimientos de agua de playa y toda esa zona que va directo al mar con toda la materia orgánica, además de industrias”, añadió.
Además de la contaminación que podría generar para el océano la desalación del mar, la directora de Costa Salvaje, recordó que el costo del proceso es muy alto, motivo por el cual no conviene.
“Para que no haya sequía hay que rehusar el agua, sacarle la sal al agua, además de costar mucho dinero, es un problema de conservación”, señaló.
La Secretaría de Hacienda del estado informó este domingo mediante un comunicado que el predio en donde será construida la planta desaladora ya fue adquirido, junto con los derechos de paso y de vía, con un valor comercial de 596 millones 140 mil pesos de pesos.
El gobierno federal autorizó el apoyo financiero para la adquisición del terreno condicionado al valor de avalúo del INDAABIN el 10 de julio de 2023, cuya propiedad era de la empresa NSC Agua, S.A. de C.V subsidiaria mexicana de Consolidated Water.
Esto después de dos años de negociaciones con Consolidated Water, empresa transnacional que ejecutaría la obra originalmente.
Con la adquisición del terreno, también finalizó el juicio internacional, el cual fue promovido por la empresa.
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La directora de Costa Salvaje mencionó que esta obra podría convertirse en un “elefante blanco” del gobierno estatal por el alto costo de inversión y ambiental que representa para la entidad.
“Se quedan tirados porque no se usan, no son racionales, al final quién va a querer pagar tanto por un litro de agua, van a buscar agua más barata”, expresó.