/ miércoles 21 de abril de 2021

Avala Congreso una deuda de 3 mil mdp

Aprobaron que la FGE absorba a las fiscalías Anticorrupción y Contra Delitos Electorales

Mexicali.- El Congreso del estado aprobó ayer por 19 votos a favor, cinco en contra y una abstención, que el ejecutivo estatal contrate una deuda pública por hasta tres mil millones de pesos (mdp), por un plazo de 20 años, para invertirlo en obras de infraestructura física y tendrá hasta 31 de diciembre para hacerlo.

En la sesión del 12 de marzo, la misma legislatura aprobó al gobernador Jaime Bonilla Valdez establecer un contrato plurianual de seis años y por cerca de dos mil mdp, con una empresa privada para la alimentación de más de 12 mil internos y más de mil custodios de los centros penitenciarios.

En diciembre de 2019, el mismo Congreso aprobó una reestructuración de la deuda por 12 mil mdp.

Con el argumento de que se recibió la hacienda pública en números rojos y la necesidad de obra pública, se aprobó el nuevo adeudo.

Los diputados María del Carmen Armenta Sanabia y Loreto Quintero, del PAN, así como el morenista Víctor Morán Hernández, el priista Javier Robles Aguirre y Juan Carlos Rábago, votaron en contra. Víctor Gutiérrez Castro votó en abstención.

Durante la sesión se presentó el dictamen 175 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIII Legislatura, que preside la diputada por Morena, Julia Andrea González, en el que se autorizó contratar deuda pública.

Se utilizaría en inversiones públicas como infraestructura física, que incluye la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de esta.

Además, la compra de equipamiento para tales obras.

Se pagará con un porcentaje suficiente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

También será fuente de pago aquello que reemplace el citado fondo, lo sustituya o complemente.

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Conforme al marco jurídico vigente se podrá afectar hasta el 25% de los ingresos y derechos a las Aportaciones Federales.

Lo anterior, en el entendido que, para obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá destinarse al servicio de éstas lo que resulte mayor entre aplicar el 25% a los recursos correspondientes al FAFEF del ejercicio fiscal que se encuentre transcurriendo.

O bien, a los recursos correspondientes al FAFEF del año en que las obligaciones hayan sido contratadas.

Para cada Financiamiento hasta [20] años, equivalentes aproximadamente a 7 mil 300 días, contados a partir de la fecha en que se celebren el o los contratos de crédito respectivos; o la primera disposición de los recursos otorgados cuando la misma sea cierta y conocida desde la fecha de celebración del o los contratos de crédito, según resulte aplicable.

Conforme al marco jurídico vigente se podrá afectar hasta 25% de los ingresos y derechos de las aportaciones federales.

Morán Hernández cuestionó que después de año y medio de gobierno no se ha hecho obra, si en diciembre de 2019, este Congreso aprobó una reestructuración de la deuda por 12 mil mdp, en el dictamen 36 de la Comisión de Hacienda.

Dijo que no pueden aprobar esto, sin saber en qué proyectos específicos se estarán aplicando estos recursos.

Rábago señaló que esto es un golpe a las finanzas públicas del estado, ya que no se justifica la utilidad pública.

Evangelina Moreno, Miriam Cano y Eva Rodríguez, de Morena; la independiente Trini Vaca y Claudia Agatón, del PT, coincidieron en que es necesario la realización de obra pública, que les exigen en sus respectivos distritos.

En la misma sesión los legisladores aprobaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) absorba en su estructura orgánica a la fiscalía Anticorrupción, y a la Especializada Contra Delitos Electorales

¿BUSCAS O VENDES ALGO? ¡ANÚNCIALO EN CLASIFICADOS!

Mexicali.- El Congreso del estado aprobó ayer por 19 votos a favor, cinco en contra y una abstención, que el ejecutivo estatal contrate una deuda pública por hasta tres mil millones de pesos (mdp), por un plazo de 20 años, para invertirlo en obras de infraestructura física y tendrá hasta 31 de diciembre para hacerlo.

En la sesión del 12 de marzo, la misma legislatura aprobó al gobernador Jaime Bonilla Valdez establecer un contrato plurianual de seis años y por cerca de dos mil mdp, con una empresa privada para la alimentación de más de 12 mil internos y más de mil custodios de los centros penitenciarios.

En diciembre de 2019, el mismo Congreso aprobó una reestructuración de la deuda por 12 mil mdp.

Con el argumento de que se recibió la hacienda pública en números rojos y la necesidad de obra pública, se aprobó el nuevo adeudo.

Los diputados María del Carmen Armenta Sanabia y Loreto Quintero, del PAN, así como el morenista Víctor Morán Hernández, el priista Javier Robles Aguirre y Juan Carlos Rábago, votaron en contra. Víctor Gutiérrez Castro votó en abstención.

Durante la sesión se presentó el dictamen 175 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIII Legislatura, que preside la diputada por Morena, Julia Andrea González, en el que se autorizó contratar deuda pública.

Se utilizaría en inversiones públicas como infraestructura física, que incluye la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de esta.

Además, la compra de equipamiento para tales obras.

Se pagará con un porcentaje suficiente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

También será fuente de pago aquello que reemplace el citado fondo, lo sustituya o complemente.

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Conforme al marco jurídico vigente se podrá afectar hasta el 25% de los ingresos y derechos a las Aportaciones Federales.

Lo anterior, en el entendido que, para obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá destinarse al servicio de éstas lo que resulte mayor entre aplicar el 25% a los recursos correspondientes al FAFEF del ejercicio fiscal que se encuentre transcurriendo.

O bien, a los recursos correspondientes al FAFEF del año en que las obligaciones hayan sido contratadas.

Para cada Financiamiento hasta [20] años, equivalentes aproximadamente a 7 mil 300 días, contados a partir de la fecha en que se celebren el o los contratos de crédito respectivos; o la primera disposición de los recursos otorgados cuando la misma sea cierta y conocida desde la fecha de celebración del o los contratos de crédito, según resulte aplicable.

Conforme al marco jurídico vigente se podrá afectar hasta 25% de los ingresos y derechos de las aportaciones federales.

Morán Hernández cuestionó que después de año y medio de gobierno no se ha hecho obra, si en diciembre de 2019, este Congreso aprobó una reestructuración de la deuda por 12 mil mdp, en el dictamen 36 de la Comisión de Hacienda.

Dijo que no pueden aprobar esto, sin saber en qué proyectos específicos se estarán aplicando estos recursos.

Rábago señaló que esto es un golpe a las finanzas públicas del estado, ya que no se justifica la utilidad pública.

Evangelina Moreno, Miriam Cano y Eva Rodríguez, de Morena; la independiente Trini Vaca y Claudia Agatón, del PT, coincidieron en que es necesario la realización de obra pública, que les exigen en sus respectivos distritos.

En la misma sesión los legisladores aprobaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) absorba en su estructura orgánica a la fiscalía Anticorrupción, y a la Especializada Contra Delitos Electorales

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