Tijuana. – El proyecto de dictamen de la Ley Olimpia para el estado de Baja California avanzó en la Comisión de Justicia de la 23 Legislatura del Congreso local.

En sesión virtual, los integrantes de la Comisión aprobaron el proyecto de dictámen de reforma del Código Penal del Estado de Baja California y la Ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres del estado de Baja California.

Dentro de esta iniciativa de Reforma de Ley y Código penal se encuentra la llamada Ley Olimpia, presentada por la diputada Míriam Cano, y 8 propuestas más relacionadas con el tema de una vida libre de violencia para las mujeres, entre las que destacan la reforma para el aumento de la pena al delito de feminicidio, pasando de penas entre 25 y 50 años a 35 a 65 años de prisión para los culpables.

Baja California sería el estado 21 en aprobar la Ley Olimpia, una vez que se presente en el pleno del Congreso de Baja California. En un estado en donde las agrupaciones de defensa de las mujeres manifiestan ser el cuarto estado en denuncias de acoso digital.

El dictamen prevé las reformas a los artículos 129 y 175 del Código Penal del Estado así como tipificar el delito de hostigamiento sexual que se realice mediante dispositivos electrónicos o digitales, la violencia digital, así como sancionar penalmente el ciberacoso, así como a la persona que revele, difunda o promueva contenido erótico sin el consentimiento de la persona que está expuesta en las imágenes.

Miriam Cano, diputada inicialista, señaló que “el trabajo no es por una mujer sino por todas las que viven aquí en Baja California” y en México, basado en la lucha que inició Olimpia Coral.

La legisladora, señaló que quedará a reserva del análisis de los diputados la propuesta de la pena para el delito de ciberacoso y de difusión de contenido erótico sin consentimiento de la persona expuesta.

La Comisión de Justicia también votó a favor el proyecto de dictamen de Ley en materia de declaratoria de ausencia para personas desaparecidas en el estado de Baja California.

Este proyecto tiene como objetivo generar un nuevo marco jurídico para dar certeza a los familiares de las personas ausentes en donde se presume una muerte, reduciendo el proceso a 3 meses.