Tijuana.-Armando Ayala, alcalde de Ensenada, declaró que la posible incursión de Jaime Bonilla Valdez al gobierno federal, lo hace no sentirse desprotegido políticamente.
A pregunta expresa de si no se sentirá desprotegido al acabar el mandato de Bonilla, respondió: “no, porque sabemos que el gobernador va a otra posición en el gobierno federal, como él es también senador con licencia, y estamos seguros que desde la posición en la que él esté va a seguir apoyando a los municipios y va a seguir detrás de este proyecto de transformación para Baja California”.
Subrayó que el actual gobernador de Baja California tiene propuestas a elegir para cargos en el gobierno federal.
Respecto a su relación con la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, recordó que no obstante a las discrepancias en el tema de la municipalización de los organismos del agua, lleva una relación de respeto, además de que prometió apoyarla “institucionalmente”.
“Nosotros siempre nos hemos respetado, hemos trabajado juntos, nos apoyamos en campaña y estamos seguros de que ella le va a cumplir a Ensenada con todo lo que acordamos, así me lo manifestó en su última visita a mi toma de protesta”, dijo.
Y subrayó, “va a tener el apoyo de nosotros institucionalmente y demás, para hacer equipo y trabajar, porque le que le importa a la gente son los resultados, no la politiquería y esto del juicio político, pues es politiquería”.
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Anotó que se hace un procedimiento va a defenderse, aunque sugirió a los diputados que mejor hagan juicio político a ex funcionarios que se ha comprobado que han desfalcado el erario.
“Ahí están muchos directores de las CESPT de aquí del estado, que entraban con una mano atrás y una adelante y salían bien copeteados para ser los candidatos a las alcaldías, los candidatos a la gubernatura, de ahí fue donde salió –Guadalupe- Osuna Millán, para hacerse de mulas Pedro y después hacerse el candidato a gobernador”, declaró.
En su caso, dijo que solo se ha limitado a cumplir compromisos establecidos durante su campaña.
Un juicio político, consideró, es por afectar el interés público, no por un procedimiento, “y aquí no se ha afectado el interés público, al contrario, desde que recibimos el agua se ha estado cobrando más a las empresas que deben y han afectado el interés público por no pagar el recurso”.