Tijuana concentra 57% de los secuestros que han sido denunciados en Baja California durante el año en curso, según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCBC).
Hasta el mes de septiembre, la Fiscalía General Estatal (FGE), recibió 14 denuncias de secuestros en todo el estado y ocho de estos ocurrieron en Tijuana.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), estas carpetas se investigan bajo el delito de secuestro extorsivo.
Ivan Carpio Sánchez, fiscal general del estado, dijo que en lo que va del año la FGE ha recibido un total de 16 denuncias por secuestro en el estado, las cuales ya han sido resueltas.
Afirmó que en casi todo los casos las víctimas han sido liberadas y pudieron reintegrarse con su familia, a excepción de un caso suscitado a principios de año.
“Un señor que se dedicaba a la venta de quesos que desafortunadamente perdió la vida, pero se pudo detener a sus secuestradores”, comentó.
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Sin embargo, Carpio Sánchez descartó que en la entidad existan grupos criminales que se dediquen de “forma permanente y reiterada” a secuestrar personas.
“Principalmente el detonador de la violencia (en el estado) es el narcomenudeo y la desintegración social”, comentó.
“Las (bandas) que han surgido las hemos podido abatir en su totalidad, y tenemos cero grupos criminales secuestrando”, añadió.
Mencionó que en el más reciente operativo que permitió la liberación de una persona privada de su libertad en Tijuana fue el del pasado 6 de noviembre.
La denuncia fue interpuesta por los familiares de la víctima el pasado 31 de octubre y se exigía el pago de 500 mil dólares para su liberación, informó en comunicado de prensa la FGE.
Carpio Sánchez detalló que el operativo fue realizado entre la unidad antisecuestros de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la dirección del Ministerio Público y las fuerzas armadas.
Esta semana en Ensenada, dos hombres fueron vinculados a proceso penal y a prisión preventiva durante seis meses por el delito de secuestro en contra de dos hermanos dedicados a la construcción en ese municipio.
Carpio Sánchez agregó que los detenidos y presuntos responsables de estos delitos enfrentan una condena de entre 60 a 80 años en prisión.