Baja California perdió en un año tres posiciones en el Índice de Estado de Derecho en México, realizado por World Justice Project, y se colocó en el lugar 19 a nivel nacional.
El organismo internacional sin fines de lucro informó que en su análisis 2022-2023 este estado está particularmente reprobado en dos temas: límites al poder gubernamental, donde se ubicó en el sitio 24 de 32, y Orden y Seguridad, donde obtuvo la posición 31.
En el primero, especialistas y ciudadanos en general evaluaron el contrapeso al Ejecutivo estatal desde los poderes Judicial y Legislativo, así como el papel de los órganos de control, la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa: la calificación fue 0.40, cuando el puntaje más alto es 1.
Catalina Salas Bravo, presidenta de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados en Baja California (Fedabo), atribuye la falta de equilibrio entre los poderes de gobierno a la falta de una verdadera autonomía del Poder Judicial, y a una completa complacencia desde el Congreso local.
En este último, donde cada diputado costó hasta cinco millones de pesos anuales entre 2019 y 2022, habitualmente aprueban sin serios cuestionamientos el presupuesto anual que propone el ejecutivo, igual que vota sus endeudamientos e iniciativas.
“Estamos viviendo un retraso de esa situación, porque si bien es cierto que de pronto el Legislativo convoca, convoca de manera simulada. Los sectores de la sociedad civil asisten a sus propuestas, que derivan del Ejecutivo, y sin tomar en consideración las observaciones que hagan ya sea abogados, empresarios, agricultores, no las toman en cuenta. ¿Qué sucede? Precisamente lo que estamos viviendo: pone en peligro la democracia”, dice la maestra Salas Bravo.
Ningún estado alcanzó la puntuación máxima por los ocho aspectos evaluados en el Índice: Querétaro se colocó a la cabeza del país con .49 y Baja California, que obtuvo .40, quedó debajo de la media nacional de .42.
Y entre los contrapesos al Ejecutivo en turno, solo el Poder Judicial está apenas por encima del promedio (.51), mientras que las contralorías dentro del mismo gobierno no alcanzaron ni la tercera parte de la calificación máxima (.29).
Por el contrario, World Justice Project encontró que Baja California está entre los 10 estados del país donde por segundo año consecutivo se registró un “estancamiento en la lucha contra la corrupción”.
Apenas este año el gobierno de la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda dio a conocer que están echando a andar nuevamente el desmantelado Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), donde entre otros pendientes, no hay fiscal ni magistrado especializados.
La presidenta de la Fedabo dice que los órganos de control que hoy forman parte del SEA y deberían garantizar la vigilancia de los recursos públicos y la actuación de los funcionarios, simplemente están rebasados.
“Si los poderes están sujetos al poder ejecutivo, las contralorías con mayor razón. Es una situación difícil iniciar un procedimiento a un titular y una dependencia, si por ejemplo en el caso del Poder Ejecutivo, fue nombrado por el Poder Ejecutivo y hay algún compromiso de no removerlo. Lo único que sucede es que los contralores se encuentran entre la espada y la pared”, dice.
ACCEDE A NUESTRA EDICIÓN DIGITAL ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
SEGURIDAD
Baja California obtuvo .26 en la evaluación de Orden y Seguridad, por lo que este año el índice elaborado por World Justice Project colocó al estado en el penúltimo lugar del país, solo encima del Estado de México con .25.
Especialistas y ciudadanía en general consideraron tres elementos: ausencia de crimen, ausencia de homicidios y percepción de seguridad; los dos últimos obtuvieron calificación por debajo del promedio nacional, y 0.0 tratándose de los asesinatos.
Según el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP), Baja California es el tercer estado a nivel nacional en homicidios dolosos, y el cuarto por cada 100 mil habitantes.
“Asociaciones de abogados nos hemos pronunciado para que el Ejecutivo, en este caso la gobernadora y la presidenta Municipal de Tijuana, evalúen de manera emergente y concreta a quienes ellas nombraron en estas materias de seguridad pública, porque ya ha pasado el tiempo suficiente para decir si funcionan o no funcionan”, dice la abogada Salas Bravo.
La presidenta de la Fedabo insistió en la necesidad de una verdadera depuración de los cuerpos policiacos y World Justice Project advierte que aunque su medición no contempla delitos del crimen organizado, su presencia está indirectamente documentada en los homicidios.
“Con mucha tristeza vemos cómo se autoreconocen, que tienen certificaciones de policía estatal, de policía municipal, reconocimientos a nivel nacional e internacional de investigadores. ¿Pero cuáles son los resultados? No es creíble por parte de la población, no son reconocimientos merecidos porque no ha bajado el número de homicidios. Creo que ahorita la priorización de las corporaciones debería ser detener a los homicidas, porque esto daría pie a que baje el número de homicidios, que es el delito más grave que puede tener una sociedad”, asentó la abogada.
