Tijuana.-Con la desaparición del Consejo de la Judicatura que se discutirá en el Congreso del Estado, el gobernador Jaime Bonilla pretende controlar al Poder Judicial, denunciaron representantes de Coparmex Tijuana.

En videoconferencia, el dirigente del organismo patronal, Roberto Rosas Jiménez, aseguró que la reforma pretende que el Poder Ejecutivo tome el control sobre los órganos de justicia, violentando la separación de poderes que marca la constitución del estado.

“Vemos que la iniciativa tiene otras intenciones ocultas, ya que, al eliminarse al Consejo de la Judicatura se abre la puerta para que el gobernador en turno pueda formar un Tribunal Superior de Justicia a modo, repleto de magistrados que sean sus allegados políticos o amistades, en lugar designarse a los juristas con mayor capacidad”, expresó.

Dada la trascendencia de la reforma que se pretende hacer, Rosas Jiménez, recalcó que es de suma importancia que se invite al proceso deliberativo a otros sectores de la sociedad que tienen relación directa con la administración de justicia, como los colegios de abogados, universidades y organizaciones civiles.

“De lo contrario, se corre el riesgo de que se hagan reformas completamente inconstitucionales, violatorias de la autonomía del Poder Judicial y que corrompan el delicado balance de la división de poderes. Exhortamos a los diputados del Congreso del Estado, para que legislen en beneficio de la sociedad baja californiana, no conforme la línea de su partido”, manifestó.

Por su parte, Ignacio Ochoa Alldredge, vicepresidente de la organización patronal, indicó que los contactos de Jaime Bonilla tendrían preferencia en formar parte del nuevo órgano.

“Al desaparecer el Consejo de la Judicatura se vulnera la autonomía porque el gobernador influye en la designación de magistrados, se privilegia que los contactos políticos del gobierno del estado tengan preferencia en lugar de las personas con mayor capacidad”, remarcó.

Ochoa Alldredge, afirmó que aunque desaparezca el Consejo de la Judicatura, esto no representaría un ahorro de recursos significativo, pues gran parte del personal seguiría formando parte de la nómina del Poder Judicial.