Tijuana.- Jaime Bonilla Valdez tiene que demostrar que cuenta con el fuero que le permite evitar responder el próximo 15 de agosto por las acusaciones de peculado y coalición de servidores públicos que existen sobre él y otros funcionarios de su administración, en relación al proyecto de la planta fotovoltaica.
Lo anterior lo expuso el fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, quien sin referirse por su nombre al exmandatario, contestó al oficio que giró Bonilla Valdez a un juez de control alegando que tenía fuero como senador, para no acudir al citatorio.
“Si alguien cuenta con una situación jurídica o constitucional que le permita gozar de algún tipo de protección legal para el desarrollo de su función, que la presente y la demuestre. En todo caso los hechos que se investigan continuarán vigentes y esa protección también concluirá en algún momento”, comentó.
Carpio Sánchez dejó en manos del Poder Judicial que determine la situación del exgobernador, sin embargo, reiteró de nueva cuenta las consecuencias que podría enfrentar.
“Si no se presenta o se presenta, habrá que ver la interpretación que le va a dar el Poder Judicial. Tenemos desde luego claro que una persona podrá elegir presentarse o no, según su propia voluntad. Es una citación. Después que una persona no se presente de forma voluntaria, puede ser objeto de solicitarse una orden de aprehensión”, agregó.
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Por último, insistió que la actual investigación en torno al presunto desfalco por el proyecto de la planta fotovoltaica no es un asunto político ni de persecución.
“Comprendemos la inmediata percepción que pudiera existir cuando de las personas que se involucran hay personas que han pertenecido al medio político o están dentro de ese contexto, o vincular a estas personas con su profesión. Esto no es de ninguna manera de esta forma, los casos que se están integrando en la fiscalía se hacen con el propósito de representar el interés público y seguir una denuncia formal que se llevó a cabo”, concluyó.
