El Sindicato de Burócratas de Baja California, no descarta un paro laborales ante la posible reforma a la ley de jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado y los Municipios (Issstecali), indicó el secretario general de la organización, Guillermo Aldrete Casarín.
“Hemos platicado con los cinco secretarios y hemos buscado el apoyo en donde tenemos que hacer una movilización para detener este movimiento, yo estoy seguro que no va a ser necesario (…) Estoy seguro que no van a aprobar esta reforma”, expresó.
Actualmente, según el Artículo 67 de la Ley del Issstecali reformada en 2015, tienen derecho a la jubilación los trabajadores que tengan como mínimo 60 años de edad y 30 años de servicio e igual tiempo de contribución al Instituto, pero este límite podría aumentar.
“Se rumora que quieren incrementar los años de vida laboral, situación que no me parece, se me hace inhumana (…) Queremos disfrutar de una jubilación sana y digna (…) No aceptaremos que nos quieran incrementar la vida laboral”, dijo el secretario general.
Mencionó que presentaron un escrito ante el Congreso local, y al gobierno del estado, en donde manifestaban su oposición a las posibles modificaciones a la Ley del Issstecali, y también solicitaron una auditoría al Instituto.
“Lejos de reformar la Ley del Issstecali, tenemos que observar primero una auditoría, estamos exigiendo una auditoría para de ahí partir y generar los términos”, dijo.
Aldrete Casarín comentó que buscan conocer los gastos operativos del Instituto, para presentar proyectos de optimización del recurso. Una de las propuestas es que la nómina de los directivos sea absorbida por el gobierno estatal, y no sea cubierta con las aportaciones de los trabajadores.
“Me queda claro que una reforma a la Ley de Issstecali no viene a resolver el tema financiero (...) El cambio que hagamos va a seguir siendo insuficiente porque el dinero está mal administrado”, añadió.
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Agregó que actualmente los Ayuntamientos de Tecate y Ensenada, no han pagado el adeudo pendiente con el Instituto, el cual entre ambos municipios asciende a casi dos mil millones de pesos, dinero con el cual consideró puede cubrirse el déficit actual.