Tijuana.- Autoridades de Baja California y Michoacán iniciaron este jueves mesas de trabajo, en busca de una política coordinada que permita dimensionar y atender a michoacanos en desplazamiento forzoso.
El encuentro fue organizado por Martín Arturo Enrique Lucero Vázquez, director de Atención al Migrante en el municipio de Tijuana, quién subrayó la necesidad de buscar soluciones conjuntas con los gobiernos de los estados de donde provienen las personas desplazadas, cuya mayoría se concentra en esta ciudad fronteriza.
“Es necesario que atiendan a los migrantes que están aquí y se evite el éxodo”, anotó.
En la reunión estuvo presente Brenda Fraga Gutiérrez, titular de la Secretaría del Migrante en Michoacán, quien planteó como primer punto la necesidad de conformar un banco de datos que permita “dimensionar el nivel de desplazamiento de michoacanos a Baja California”, toda vez que no se tienen números reales.
También convocó a la participación de un foro que se realizará en el Senado de la República, para discutir seis de las 10 propuestas que fueron planteadas al Congreso de la Unión, y que fueron retomadas por los senadores.
Entre estas propuestas, destacó la de reconocer en las leyes mexicanas el delito del desplazamiento forzado.
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También mencionó la realización de un convenio marco con las autoridades de la Fiscalía Estatal del Estado de Baja California, para que las personas desplazadas hacia este estado puedan interponer denuncias de delitos de los que hayan sido víctimas en sus lugares de origen.
En este convenio, aún en proceso, el gobierno michoacano se compromete a dar seguimiento puntual a esas denuncias.
En el evento estuvieron presentes representantes de organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quien señaló que las familias desplazadas de Michoacán son principalmente víctimas del crimen organizado, violencia y extorsión.