Tijuana.-La reducción del 50% al presupuesto a partidos políticos aprobada en el dictamen 52 del Congreso de Baja California, busca debilitar a los oponentes de Morena con miras a las elecciones del 2021, de acuerdo a lo expresado por diferentes dirigentes de partidos del estado.
Mario Favela, representante del Partido de Baja California (PBC), sostuvo que con esta acción los legisladores y el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, continúan concentrándose solo en la cuestión político-electoral y no en los temas de seguridad, salud y economía.
"El gobierno del estado únicamente se ha enfocado a ver cómo puede salvar la próxima elección... ahorita saben que ya no les va a dar para la próxima elección, ya están cayendo rápidamente", dijo.
Sobre los diputados que aprobaron el dictamen, agregó. "Todo lo que viene desde el poder legislativo son actividades o actos de reformas para debilitar a la oposición rumbo al 2021".
Gran parte de la sociedad critica el presupuesto que se le da a los partidos políticos, por lo que se debería de revisar a profundidad el tema y no sacarlo como bandera política como lo hizo Bonilla Valdez, según lo habló el excandidato a la gubernatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las pasadas elecciones, Jaime Martínez Veloz.
El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, Enrique "Kiki" Méndez, sentenció. "Atrás de esta intención de reducirle recursos a los partidos lo que realmente hay es la intención de exterminar a la posición como le hacían antes estos personajes fascistas que no les gusta que nadie opine distinto".
Aunado a lo anterior, los políticos añadieron que el llamado a no votar por los partidos de oposición a Morena, así como los comentarios en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral (IEE) hechos por Bonilla, ponen en riesgo la democracia, por lo que PRI y PAN preparan demandas.
"Está generando actos anticipados de campaña y por ello amerita la presentación de una queja, así lo estamos estudiando, inclusive una denuncia penal ante la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales)", precisó Carlos Jiménez, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Para finalizar, "Kiki" Méndez, enfatizó que presentarían quejas ante el INE y el IEE. "La ley electoral es bien clara, los funcionarios públicos no pueden inmiscuirse en los asuntos electorales. El gobernador parece que es incapaz de distinguir esa línea que separa su función como gobernador y el proceso electoral".
