Tijuana.- En Tijuana hay más de 500 policías municipales que tienen edad para retirarse, sin embargo, no tienen asegurada una pensión digna, expuso Noé Ramírez, presidente de la Asociación de Policías de Tijuana.
En conferencia de prensa, dijo que sumado a la falta de más de 100 millones de pesos de la administración municipal para lograr ese objetivo, está lo que esos elementos representan para la seguridad pública.
“Tijuana quedaría sin oficiales por la fuerza que esos agentes que se tienen que jubilar. La Policía de Tijuana es una bola de nieve y tenemos que ir atendiendo poco a poco”, comentó.
A través del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSPBC), Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y otras agrupaciones, se impulsará que los agentes estatales y municipales de la entidad, aspiren a una pensión digna, algo que ahora no sucede.
Una queja presentada ante la CEDH busca presionar a los ayuntamientos a cumplir lo establecido en el artículo 131 de la ley de seguridad de Baja California que privilegia el derecho a las prestaciones laborales a policías.
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En ese sentido, el ombudsman de Baja California, Miguel Ángel Mora Marrufo, mencionó que ante la ausencia de respuesta por parte de los ayuntamientos el siguiente paso es la emisión de una alerta temprana, que si bien no es una recomendación como tal, explicó que sí busca generar acciones por parte de los gobiernos, enfocadas en cumplir lo establecido en la ley a través de su inclusión en los presupuestos de egresos.
“Lo que estamos presentando, ya notificado desde el viernes 30 de octubre a cada una de las autoridades es una alerta temprana, este recurso como tal es una figura que acabamos de implementar en la que detectamos que bajo las circunstancias y los tiempos de las instituciones, en este caso la presentación de los presupuestos de egresos del Ejecutivo Estatal y los municipios del ejercicio 2021, notificamos a los cinco ayuntamientos y a la FGE y posiblemente se proceda a una recomendación si no es atendida esta alerta”, explicó.
Agregó que la alerta va en dos sentidos, primero que instrumenten las disposiciones reglamentarias y normativas que establece tanto el artículo 131 de la ley de seguridad pública de Baja California como los distintos decretos que ha hecho el Congreso del Estado y el Ejecutivo Estatal.
Por su parte, Alejandro Monreal Noriega, presidente Confederación Estatal de Asociaciones de Policías de Baja California (Ceapbc), afirmó que no ha existido apertura de las autoridades para resolver esta demanda por parte de los oficiales retirados.
“En este momento tenemos temor a que se repita la historia nuevamente, ha transcurrido un año de este nuevo gobierno estatal y han hecho oídos sordos a la situación, han muerto en tres años 80 policías por diferentes causas, 20 en cumplimiento del deber desde noviembre de 2017, año en que se debería de haber empezado a trabajar la reglamentación social de los policías y han hecho caso omiso”, concluyó.
