/ martes 20 de abril de 2021

Alteran el registro público: Campestre

“Mienten aquellos que dicen que no somos legítimos dueños”, dijo Mario Gastón Toledo

Tijuana.-Miembros del Club Campestre denunciaron que el gobierno estatal presuntamente cambió partidas registrales en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), por lo que iniciaron una acción legal.

El abogado Adolfo Solís Farías, encargado de la defensa jurídica, indicó que no se puede modificar el propietario, pues la Constitución protege a la propiedad privada.

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“El nombre del propietario lo eliminaron. Se tomó una fe de hechos de ello y las partidas registrales que acreditaban su propiedad las borraron. Los oficios con los que hicieron esos cambios no están disponibles, cuando deberían de estar disponibles”, aseguró.


El presidente del Club Campestre, Mario Gastón Toledo, que por primera vez habló ante medios de comunicación, lo hizo para defender la propiedad.

“Mienten aquellos que dicen que no somos legítimos dueños, declaran falsamente los que aseguran que el Club Campestre tiene adeudos con el municipio, con las autoridades estatales y con las autoridades federales. Aquí están todos los documentos que avalan la titularidad del inmueble que es nuestro, y si cedemos ante esto, el siguiente paso nos podrán quitar las casas donde vivimos”, afirmó.

Mencionaron que si la expropiación se cristalizara, el gobierno estatal tendría que pagar entre mil 500 millones de pesos y dos mil 200 millones de pesos.

Foto: Ramón Hurtado | El Sol de Tijuana

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Roberto Quijano Sosa, miembro y vocero del Club Campestre, señaló que en promedio pagan al año 60 millones de pesos para el mantenimiento a las áreas verdes, un monto económico que el gobierno estatal no podría cubrir.

También consideró que la expropiación es una revancha política del gobernador Jaime Bonilla Valdez en contra del alcalde con licencia Arturo González Cruz

“Este decreto señores, huele, apesta a revancha política entre dos políticos. No huele a un reclamo social, que sería justificable. Sin embargo, que sus diferencias señores políticos las diriman en otra cancha, si quieren un campo de beisbol en San Diego, mas no en las canchas deportivas del Club Campestre”, apuntó.

Eduardo de la Peña Sánchez, representante del comité de vecinos de la colonia Hipódromo, se presentó en la conferencia y dijo que están en contra de la medida.

“Sabemos cómo ejerce su trabajo el gobernador Bonilla y de parte de todos los que formamos el comité (de vecinos), en cualquier caso que quieran invadir el Campestre, nos pondremos afuera del lugar para impedirlo”, comentó.

Tijuana.-Miembros del Club Campestre denunciaron que el gobierno estatal presuntamente cambió partidas registrales en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), por lo que iniciaron una acción legal.

El abogado Adolfo Solís Farías, encargado de la defensa jurídica, indicó que no se puede modificar el propietario, pues la Constitución protege a la propiedad privada.

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“El nombre del propietario lo eliminaron. Se tomó una fe de hechos de ello y las partidas registrales que acreditaban su propiedad las borraron. Los oficios con los que hicieron esos cambios no están disponibles, cuando deberían de estar disponibles”, aseguró.


El presidente del Club Campestre, Mario Gastón Toledo, que por primera vez habló ante medios de comunicación, lo hizo para defender la propiedad.

“Mienten aquellos que dicen que no somos legítimos dueños, declaran falsamente los que aseguran que el Club Campestre tiene adeudos con el municipio, con las autoridades estatales y con las autoridades federales. Aquí están todos los documentos que avalan la titularidad del inmueble que es nuestro, y si cedemos ante esto, el siguiente paso nos podrán quitar las casas donde vivimos”, afirmó.

Mencionaron que si la expropiación se cristalizara, el gobierno estatal tendría que pagar entre mil 500 millones de pesos y dos mil 200 millones de pesos.

Foto: Ramón Hurtado | El Sol de Tijuana

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Roberto Quijano Sosa, miembro y vocero del Club Campestre, señaló que en promedio pagan al año 60 millones de pesos para el mantenimiento a las áreas verdes, un monto económico que el gobierno estatal no podría cubrir.

También consideró que la expropiación es una revancha política del gobernador Jaime Bonilla Valdez en contra del alcalde con licencia Arturo González Cruz

“Este decreto señores, huele, apesta a revancha política entre dos políticos. No huele a un reclamo social, que sería justificable. Sin embargo, que sus diferencias señores políticos las diriman en otra cancha, si quieren un campo de beisbol en San Diego, mas no en las canchas deportivas del Club Campestre”, apuntó.

Eduardo de la Peña Sánchez, representante del comité de vecinos de la colonia Hipódromo, se presentó en la conferencia y dijo que están en contra de la medida.

“Sabemos cómo ejerce su trabajo el gobernador Bonilla y de parte de todos los que formamos el comité (de vecinos), en cualquier caso que quieran invadir el Campestre, nos pondremos afuera del lugar para impedirlo”, comentó.

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