Tijuana.- Los primeros migrantes en responder al reinicio de atención a las solicitudes de asilo en Estados Unidos, cuando se flexibilizaban las restricciones por coronavirus, llegaron a la garita El Chaparral hace ya casi un año: la noche del jueves 18 de febrero del 2021.
Hacía frío y quienes lo combatieron lo hicieron apenas con unas mantas; muchos solo llevaban lo puesto y quizás alguna maleta.
El primer balance del gobierno tijuanense fue de 250 personas que se irían al darse cuenta que solo serían atendidos los inscritos bajo el programa “Quédate en México” (MPP por sus siglas en inglés), y habían quedado varados por la emergencia sanitaria.
“La autoridad pecó de inocencia al permitir que se instalara ese campamento. Porque en unos pocos días se convirtió en un hervidero de grupos que se aprovecharon de la situación. Grupos delincuenciales, grupos que estaban lucrando con esa población”, dice José Moreno, presidente de la Coalición pro defensa del migrante.
Una semana después de aquella noche había casas de campaña, en marzo autoridades y organismos contaban casi dos mil personas, y en junio la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), habló de tres mil, contando mil niños, niñas y adolescentes.
La aglomeración era un riesgo con la pandemia y se registró un brote de varicela.
11 meses después el asentamiento sigue allí, aunque sus primeros ocupantes no, y aún llegan nacionales y extranjeros huyendo de las violencias provocadas por el crimen, las dictaduras, y en general, la pobreza.
Así, dos o tres veces por semana en el último mes, una familia originaria del sur del país amenazada de muerte visita el sitio buscando una salida a su pesadilla.
“Ya no sabe uno ni qué hacer”, dice el padre de familia que viaja con su esposa e hijas sin encontrar una autoridad que garantice su seguridad o le dé respuestas claras sobre la posibilidad de asilo en EUA.
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Este día no encontró nada y lo mismo pasó el pasado 6 de diciembre, cuando llegó al campamento atraído por la reactivación del Migrant Protection Program (MPP), ordenado por tribunales al presidente norteamericano Joe Biden que había detenido los retornos de solicitantes de asilo a México a inicios del año, dando origen al campamento.
Olga Mejía es una de las centroamericanas que hace casi un año dejó su casa en Tijuana para asentarse allí, pero las condiciones de hacinamiento y seguridad la hicieron regresar a una vivienda arrendada con su familia a finales del año pasado.
Vivió también el tenso operativo del 28 de octubre cuando el gobierno de la alcaldesa Montserrat Caballero llegó abruptamente con fuerza policiaca que inicialmente impidió el paso de la prensa, para retirar algunas casas de campaña entre la resistencia de un agresivo pero reducido grupo de migrantes que confrontaban al personal de limpieza y a la policía que mantuvo la calma.
Esa noche el campamento fue cercado con malla ciclónica y el gobierno municipal entregó una tarjeta de identificación que se volvió requisito para entrar y salir de la zona delimitada.
Organismos de derechos humanos y activistas pidieron respetar los derechos de los migrantes, aunque hoy dicen que la medida ayudó en algo a controlar el campamento.
De pie en el pequeño parque ocupado por migrantes frente al perímetro cercado, Olga Mejía contó que algunas personas regresaron a sus países, otras comenzaron el trámite de asilo y de algunas no supo más.
Hubo quien aceptó la oferta del municipio para irse a un albergue y todo eso fue reduciendo el volúmen, al grado que hoy autoridades municipales y estatales hablan de entre 400 y 600 ocupantes.
“Se los llevan a un albergue y les quitan la tarjetita”, comentó Olga Mejía.
Ella regresó sólo para visitar a un familiar que se niega a moverse porque migrantes y desplazados siguen pensando que estar allí les da mayor posibilidad pasar la frontera para exponer su caso ante un juez migratorio y pedir asilo.
“No han dado la información suficiente a la gente como para que acepte y entienda que no va a proceder el hecho de que estén en ese campamento para obtener un registro”, apuntó el presidente de la Coalición Pro defensa del Migrante.
En lo que sí ha habido constancia las últimas semanas es en las declaraciones de la alcaldesa Caballero Ramírez sobre la posibilidad de retirar el campamento por la temporada invernal, lo que no ha movido a migrantes que vivieron una lluviosa Navidad.
El Ayuntamiento afirma que no usará la fuerza pública para retirar el campamento, pero eso aún está por verse.
Lo cierto es que activistas como José Moreno coinciden en que es necesario cuidar a la población vulnerable.
“No es posible tener ese tipo de campamentos en condiciones tan precarias, tan insalubres, con el clima en contra, y menos albergando mujeres y niños”, apuntó el representante de la Coalición Pro defensa del migrante.