Castigo, por manejar transporte irregular

Se ha detectado hasta cinco unidades que circulan con el mismo número de placas

  · viernes 12 de abril de 2019

Juan Miguel Hernández

Tijuana.- Por unanimidad, el congreso del estado aprobó que será delito manejar unidades de transporte público irregular, informó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México de Tijuana, Baltazar Gómez Ruíz.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó de manera unánime, el dictamen 57 de la Comisión de Justicia, mediante el cual se reforma el artículo 250 TER del Código Penal, el cual estipula sancionar penalmente a quien preste el servicio público de transporte de pasajeros sin concesión, permiso o autorización correspondiente.

“Se crea una penalidad de uno a cinco años a las personas que sean sorprendidas con ese delito, lo mismo que al funcionario que se le sorprenda protegiendo a ese transporte”, comentó.

Además, Gómez Ruíz señaló que, tan solo en la ciudad de Tijuana, hay más de tres mil 500 unidades irregulares que operan bajo el amparo de las autoridades municipales.

“El usuario toma una unidad de servicio público confiando (en) que es una unidad regular, sin saber que es unidad pirata y que pueden ser víctima de un delito”, apuntó.

El dirigente de la CTM precisó que la medida vendrá a beneficiar, principalmente, a los municipios de Tijuana y Ensenada, en donde es mayor el problema de transporte irregular.

“Los ‘seudotransportistas’ lo tienen que pensar más de una vez, porque ahora no es solo una inhabilitación; ahora, se tienen que ir a proceso penal”, declaró el titular.

Foto/ Carlos Luna

En el caso de Tijuana, Gómez Ruíz remarcó que se ha detectado hasta cinco unidades que circulan con el mismo número de placas.

“Han sido más de seis años el hecho de que hemos estado tolerando esa competencia. Protegerá nuestra actividad, pero protegerá principalmente al usuario que tendrá la certeza de que tomará una unidad regular”, aseguró.

Por último, el secretario explicó que solo está pendiente la publicación de la reforma para que entre en vigor la iniciativa aprobada en el congreso del estado.