Tijuana.- Continúa la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) con la investigación del caso en el que el niño, Yurem Abdiel, falleció a los cinco años de edad al recibir una bala perdida en un tiroteo que involucró a ocho policías municipales de Tijuana.
De manera oficiosa, la CEDH a cargo de Miguel Ángel Mora Marrufo, inició el 17 de septiembre de 2020 una indagatoria bajo el expediente 894/2020, mismo que continúa en integración.
Por esa razón, la posibilidad de que se emita o descarte una recomendación por parte del ombudsman, dependerá de los elementos que se logren desahogar durante el proceso de investigación y las conclusiones que se integren al expediente.
En tanto, el desahogo de pruebas y solicitudes de información, entre otras diligencias continúan llevándose a cabo por parte de la CEDH.
Este miércoles la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana confirmó la aprehensión de dos agentes que participaron en el tiroteo ocurrido el 16 de septiembre de 2020, el cual desataron mientras intentaban aprehender a César Salvador González Martínez, de 28 años de edad, quien fue abatido en la persecución.
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El niño Yurem Abdiel recibió el impacto de una de las balas disparadas mientras jugaba en el patio de su vivienda, en la colonia Mariano Matamoros.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), la bala perdida que costó la vida del menor de edad salió del arma disparada por uno de los elementos municipales que participaron en el tiroteo.
Luis Manuel García Vidales y David Alfaro Mejía son los agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que fueron aprehendidos por ese hecho la tarde de ayer 11 de enero.
En noviembre de 2020, tres policías municipales involucrados en el hecho fueron detenidos, mientras uno se entregó por propia cuenta.
No obstante, ese mismo mes fueron liberados, al considerar la juez del caso que podían continuar con el proceso no sólo en libertad, con el solo requisito de firmar en el juzgado, sino que también se les permitió retornar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, para poder laborar en el área administrativa.