Tijuana.- Cinco personas han sido presentadas ante un tribunal por el delito de crueldad animal contra caninos en Tijuana en lo que va de este año, informó Juan Esteban Domínguez, jefe de Control Animal municipal.
“El último caso fue cuando llegamos y encontramos unos perros amarrados, uno de ellos muerto en una casita, esas personas están en el reclusorio”, contó el también zootecnista.
Subrayó que en los casos de crueldad, contemplado en el artículo 342 del Código Penal de Baja California, la Fiscalía General del Estado (FGE) interviene con una orden de cateo.
En promedio Control Animal Municipal atiende entre tres a cuatro denuncias de maltrato animal por día, y en su mayoría se debe a que los perros se encuentran en “condiciones deplorables”.
Explicó que hay una persona especializada dentro de Control Animal Municipal que se encarga de visitar los sitios denunciados y exhortar a los propietarios para que resuelvan las condiciones del espacio en el que tienen a sus mascotas.
“Muchas veces las personas desconocen que están cometiendo una falta, es la realidad. No saben que no pueden estar amarrados, en el techo, entonces se les lee el reglamento”, explicó.
A los propietarios se les advierte que tienen 48 horas para arreglarlo y más del 80% atiende las observaciones porque de lo contrario, se presenta una denuncia ante el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra el Medio Ambiente y Maltrato Animal, añadió.
“Las personas para evitar denuncias penales, arreglan la situación o entregan las mascotas”, refirió.
Las acciones más comunes que pueden ser consideradas maltrato animal, pero son desconocidas por la población, incluyen no estilizar a la mascota, la falta de libre acceso a agua y alimento, mantenerlos con pulgas y garrapatas o en espacios inadecuados para su tamaño.
También es motivo de sanción dejarlos libres en la calle porque esto los expone a muchos peligros como el de ser atropellados, al envenenamiento o peleas con otros animales.
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AMPLIAR LA PROTECCIÓN
Activistas en pro del bienestar de animales domésticos trabajan en una iniciativa para incorporar lo que serían consideradas “acciones de omisión”, es decir, todas aquellas conductas pasivas de los propietarios que provoquen maltrato, informó Carmen Villarreal, integrante de Abogados Animalistas México.
Por ejemplo, no darles alimento, agua, protección del clima, limpieza y atención a su salud, incluyendo la vacunación, abundó.
Mencionó que el Ayuntamiento de Tijuana cuenta con un reglamento completo de protección a los animales domésticos que contempla las faltas administrativas por maltrato y crueldad, sin embargo, falta regularizar los refugios de animales.
“Hay personas que están muy comprometidas con el cuidado y resguardo de animales en condición de abandono, pero hay espacios que no cumplen aunque tienen las mejores intenciones”, señaló la activista.
Comentó que la respuesta para estos esfuerzos de la sociedad debe ser apoyarlos para mejorar las condiciones de esos refugios más allá de una sanción.
Carmen Villarreal añadió que también falta capacitación constante a las autoridades municipales y estatales involucradas en las investigaciones por maltrato animal.
Esto implica a jueces municipales, agentes del Ministerio Público y peritos para la correcta aplicación de las normas para la protección de los animales domésticos, añadió.
Apuntó que la fiscalía debe contar con esos peritos especializados para dictaminar el estado de salud o causas de muerte de las mascotas, igual que confirmar los casos de crueldad animal.
La integrante de Abogados Animalistas México indicó que en los centros de Control Animal también hay pendientes porque deben contar con mayores recursos tanto personales como de infraestructura médica.
Y ya que muchas veces los cateos que realiza la FGE son por la noche, es necesario ampliar los horarios de servicio.
De acuerdo con la activista, en los últimos dos meses la fiscalía bajacaliforniana ha realizado 30 cateos en los municipios de Tijuana y Mexicali para asegurar animales por crueldad animal.
Además consideró que deben aumentar las penas por este delito que hoy está entre los seis meses y los dos años de prisión.
Por último dijo falta un programa de apoyo psicológico para atender a las personas una vez que terminen su proceso o cumplan una pena, y buscar así que no vuelvan a cometer maltrato animal.