/ martes 10 de octubre de 2023

CNDH ya había establecido ajustar sentencia de Mario Aburto

Si se cumple este acuerdo, Mario Aburto deberá salir libre el próximo año: Pérez Canchola

Tijuana.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya había establecido que Mario Aburto Martínez, asesino material de Luis Donaldo Colosio Murrieta, tenía que recibir una sentencia de acuerdo con el Código Penal de Baja California, dijo José Luis Pérez Canchola, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.

Mencionó que Mario Aburto recibió una pena de 42 años, pero de acuerdo con el Código Penal federal y no apegado a las leyes de Baja California, estado donde cometió el crimen el 23 de marzo de 1994.

José Luis Pérez Canchola, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Foto: Carlos Luna / El Sol de Tijuana

“Si se cumple con este acuerdo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Mario Aburto deberá salir libre el próximo año, en el 2024”, refirió Pérez Canchola.

Mario Aburto interpuso un amparo para que fuera aplicado el Código Penal estatal de ese entonces, lo que abre la posibilidad de que salga en los próximos meses, añadió.

Un tribunal colegiado anuló la sentencia de 42 años a Aburto Martínez, otorgada por un tribunal unitario, y ordenó generar una nueva sentencia.

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Pérez Canchola comentó que la CNDH inició una investigación sobre el proceso judicial y concluyó que Aburto Martínez fue víctima de tortura física y psicológica, por lo cual aplica la pena mínima de 30 años.

Lamentó que en un hecho tan relevante en la historia del país, como fue el asesinato del excandidato a la presidencia de México cuando se encontraba en un mitín en la colonia Lomas Taurinas de esta ciudad, hubiera “irregularidades, omisiones y negligencia”.

“Hay una situación muy grave en la aplicación de nuestras leyes, sobre todo los códigos penales. Siento que hay necesidad de revisar nuestro sistema penal, fortalecer las instituciones”, opinó el también exprocurador de los Derechos Humanos en el estado.

Señaló que de todos los delitos que son cometidos en el país a lo largo del año, las autoridades resuelven menos del 10% y es la sociedad quien paga las consecuencias.

Tijuana.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya había establecido que Mario Aburto Martínez, asesino material de Luis Donaldo Colosio Murrieta, tenía que recibir una sentencia de acuerdo con el Código Penal de Baja California, dijo José Luis Pérez Canchola, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.

Mencionó que Mario Aburto recibió una pena de 42 años, pero de acuerdo con el Código Penal federal y no apegado a las leyes de Baja California, estado donde cometió el crimen el 23 de marzo de 1994.

José Luis Pérez Canchola, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Foto: Carlos Luna / El Sol de Tijuana

“Si se cumple con este acuerdo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Mario Aburto deberá salir libre el próximo año, en el 2024”, refirió Pérez Canchola.

Mario Aburto interpuso un amparo para que fuera aplicado el Código Penal estatal de ese entonces, lo que abre la posibilidad de que salga en los próximos meses, añadió.

Un tribunal colegiado anuló la sentencia de 42 años a Aburto Martínez, otorgada por un tribunal unitario, y ordenó generar una nueva sentencia.

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Pérez Canchola comentó que la CNDH inició una investigación sobre el proceso judicial y concluyó que Aburto Martínez fue víctima de tortura física y psicológica, por lo cual aplica la pena mínima de 30 años.

Lamentó que en un hecho tan relevante en la historia del país, como fue el asesinato del excandidato a la presidencia de México cuando se encontraba en un mitín en la colonia Lomas Taurinas de esta ciudad, hubiera “irregularidades, omisiones y negligencia”.

“Hay una situación muy grave en la aplicación de nuestras leyes, sobre todo los códigos penales. Siento que hay necesidad de revisar nuestro sistema penal, fortalecer las instituciones”, opinó el también exprocurador de los Derechos Humanos en el estado.

Señaló que de todos los delitos que son cometidos en el país a lo largo del año, las autoridades resuelven menos del 10% y es la sociedad quien paga las consecuencias.

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