Desde el inicio del tendido para la línea del gasoducto de gas natural que ejecuta la empresa Igasamex Bajío S. de R.L. de C.V., en medio de asentamientos de la delegación La Presa, al Este de Tijuana, quienes habitan la zona hicieron pública su inconformidad por el desarrollo del proyecto para el que no fueron consultados.
Aunque fueron ignorados por la empresa subsidiaria de Igasamex USA, la cual no cumplió con el requisito de socializar el proyecto que afecta una zona con un 90% de ocupación habitacional y comercial, de acuerdo con datos del Instituto Metropolitano de Planeación (Implan), la autoridad municipal liberó las licencias para la obra.
A dos años de iniciado el proyecto Línea de gas natural C&J Tech, el municipio se resiste a suspenderlo definitivamente como piden residentes del área.
A lo que sí se comprometió la autoridad municipal fue a mantenerla suspendida, al menos hasta que el conglomerado de empresas mexicanas y extranjeras que conforman Igasamex, decidan cambiar el trazo de la tubería del gasoducto, aseguró Juan Enrique Bautista Corona, titular de la Dirección de Administración Urbana (DAU).
Sin embargo, a la fecha Igasamex del Bajío no ha atendido el llamado de las autoridades municipales para presentar un nuevo proyecto.
VECINOS TEMEN REACTIVACIÓN DE LA OBRA
A menos de un mes que concluyan los seis meses de suspensión establecidos por el Ayuntamiento de Tijuana a la obra del gasoducto, los vecinos desconfían que el gobierno municipal logre mantenerla detenida.
“Nuestro temor es que, al cumplirse la suspensión de seis meses, la empresa reanude la instalación del gasoducto. Por eso queremos que el municipio proceda a cancelar definitivamente, considerando las irregularidades en las que ha incurrido la empresa, entre ellas el rechazo de los habitantes”, mencionó Saúl Zamudio, representante de los vecinos de Jardín Dorado.
“Según ellos, la empresa podría demandarlos porque ya tienen unos permisos y ahorita solo son algunos trámites los que les faltan. Dicen que, si se los cancelan tal cual, estarían incurriendo en una falta. Prácticamente nos dijeron que tienen miedo de que la empresa los demande”, agregó.
Al respecto, el director de DAU admitió que solo se le puede exigir a Igasamex que cambie el trazo del gasoducto, el cual debe cumplir con el estudio de impacto urbano, memoria descriptiva, así como los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía y todas las instancias de servicios, anotó.
“A la fecha no han entregado esa información, por lo tanto, no puede haber una reactivación”, reiteró.
Para los vecinos, sin una suspensión definitiva del proyecto, la empresa podría reanudar la instalación del gasoducto con solo recurrir al amparo, anotó Saúl Zamudio.
Esa posibilidad tampoco la descarta Enrique Bautista, aunque subrayó que los vecinos pueden apelar.
IGASAMEX DESATIENDE PETICIÓN DE MUNICIPIO
En septiembre de 2020, Igasamex obtuvo las licencias de construcción para instalar la Línea de gas natural C&J Tech, cuyo trazado pasaba por colonias como Jardín Dorado y Rancho El Grande, en la delegación La Presa.
Ante la protesta de los vecinos, el 12 de octubre la obra fue suspendida por el gobierno municipal, y se citó a la empresa.
Durante la revisión, no solo se corroboró que la instalación de la tubería para gas natural carecía del aval de los vecinos, sino que la instalación de la tubería incumplía con la norma, al colocarse a una profundidad de 1.50 metros y no a 1.70 metros.
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No obstante, la empresa no fue sancionada por estas irregularidades.
“Si no hubieran atendido el citatorio, se les habría aplicado una sanción, pero lo atendieron. En el caso de que reactiven cualquier actividad se parará la obra y serán sancionados”, afirmó Juan Enrique Bautista Corona, director de Administración Urbana.
El 14 de octubre la empresa compareció ante las autoridades de Tijuana, quienes le solicitaron cambiar el trazo de la línea de gas, evitando atajos y afectación a zonas habitadas.
Aunque el proyecto no registra ningún avance desde octubre, Igasamex no ha presentado una nueva trayectoria para el gasoducto, la cual tendría que acompañar con estudios y memoria descriptiva, en cumplimiento de las leyes y reglamentos en la materia, advirtió el director de Administración Urbana.
VECINOS PRESENTAN QUEJA ANTE CEDHBC
Por sentir que sus derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad son vulnerados con la instalación del gasoducto y plantas de distribución, los afectados recurrieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC).
La primera queja se presentó durante 2018, señalando en el expediente a las autoridades de la Dirección de Administración Urbana del Municipio de Tijuana y a la Dirección de Verificación e Inspección Municipal de Tijuana.
En 2020, la CEDHBC recibió una segunda queja con relación a la misma obra para trasladar gas natural, aunque la autoridad señalada fue la Fiscalía General del Estado (FGE), por posible vulneración al derecho a la seguridad jurídica por no actuar en consecuencia pese a las denuncias presentadas.
A la fecha, la CEDHBC a cargo de Miguel Ángel Mora Marrufo mantiene en integración los expedientes de ambas quejas.
EXHORTO CORROBORA IRREGULARIDAD EN INSTALACIÓN DE GASODUCTO
El 24 de marzo de 2021, la fracción de Morena en el Congreso local, a través del diputado Víctor Morán Hernández, entonces presidente de las comisiones de Justicia y Seguridad Pública y Protección Civil, presentó un exhorto ante la “notoria falta de requisitos y especificaciones de seguridad previstas por las normas oficiales mexicanas”, con la instalación del gasoducto.
“Urge atender este asunto salvaguardando los derechos fundamentales de los habitantes”, expuso el legislador.
El exhorto fue dirigido a autoridades federales, estatales y municipales, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC).
En el documento se observó que el proyecto se instala en sectores o zonas de influencia con un 90% de ocupación habitacional y comercial.
Ante ello, se solicitó al Ayuntamiento de Tijuana presentar un documento en el que reconozca la utilidad pública.
“Es importante que las autoridades verifiquen que la utilidad pública que revisten dichos permisos no se trata de una utilidad privada que vulnere derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, pidió.
A las autoridades municipales también les conminó a controlar y vigilar, en el ámbito de su competencia, la utilización del suelo.
Esto con el fin de asegurar que las redes de distribución de gas natural por medio de ducto sustenten de manera técnica las áreas de amortiguamiento, y las distancias que deben subsistir respecto a los asentamientos humanos, áreas comerciales, zonas residenciales y centros de concentración de personas.
Respecto al exhorto, Enrique Bautista, director de DAU, dijo que el municipio le da cumplimiento al solicitar a Igasamex que la nueva ruta del gasoducto “no entre o acorte camino entre las viviendas y las zonas habitacionales para minimizar el riesgo y dar cumplimiento a todas las medidas de seguridad de ese tipo de infraestructura”.
VECINOS PROPONEN NUEVO TRAZO; EMPRESA LO RECHAZA POR CARO
Sin respuesta legal a sus quejas, desde el arribo de Montserrat Caballero a la alcaldía de Tijuana los habitantes de Jardín Dorado buscaron frenar la obra que atraviesa su colonia.
Para ello dejaron muchas cartas de petición de audiencia en la oficina de presidencia, pero no tuvieron respuesta, compartió Saúl Zamudio, residente del lugar.
Fue hasta que hicieron pública su inconformidad durante la segunda semana de marzo, colocando una lona con la imagen de Montserrat Caballero en la barda de una escuela ubicada en el acceso a Jardín Dorado, que las autoridades de DAU los convocaron a una reunión.
Efectuada el 10 de marzo, los vecinos solo constataron que “todo sigue igual, la empresa no ha continuado con la construcción, pero su licencia no ha sido cancelada por las autoridades municipales”, compartió Zamudio.
En esa reunión, detalló, los colonos presentaron dos alternativas de ruta para el gasoducto, cuyo trazo no afecta zonas pobladas.
La primera opción propone que la tubería pase por el Alamar y suba por el bulevar Gato Bronco rumbo al fraccionamiento Riberas del Bosque, por la ruta de los camiones de carga.
La segunda opción sugiere el paso del gasoducto por Avenida Las Torres, paralelo a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El municipio informó a los vecinos que la empresa rechazó las dos propuestas para cambiar la ruta de la tubería para gas natural.
“La primera propuesta la rechazaron por costosa y la segunda porque incumple la norma, al ubicarse ahí las instalaciones de CFE”, declaró Saúl Zamudio.
Al respecto, Enrique Bautista, director de DAU, dijo que el municipio sigue en espera de que la empresa realice su propia propuesta.