Comisión investigará despojo ilegal de casas del Infonavit

Con el voto calificado de la totalidad de las fuerzas políticas, se aprobó el dictamen de la Junta de Coordinación Política

  · viernes 1 de marzo de 2019

Foto: Carlos Luna | El Sol de Tijuana

MEXICALI.- A propuesta del Diputado Luis Moreno Hernández, el Congreso de Baja California creó una Comisión Especial para atender la problemática de los despojos ilegales de casas adquiridas con créditos del Infonavit que han sido denunciadas principalmente en la ciudad de Tijuana.

Con el voto calificado de la totalidad de las fuerzas políticas, se aprobó el dictamen de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para instalar un órgano parlamentario que investigue y llame a comparecer a los funcionarios públicos involucrados en lo que se presume es un fraude en la adjudicación de dichas viviendas.

La Comisión será presidida por el diputado Benjamín Gómez Macías, Presidente de la Junta de Coordinación Política y estará integrada por los legisladores Alfa Peñaloza Valdez, Sergio Tolento Hernández, Victoria Bentley Duarte; Job Montoya Gaxiola, Claudia Agatón Muñiz, Héctor Mares Cossio y Marco A. Corona Bolaños.

En la pasada sesión del Congreso, el representante de Transformemos, Luis Moreno, expuso ante el pleno las denuncias en las que presuntamente están involucrados jueces, notarios públicos e inmobiliarias a quienes los denunciantes señalan de ser partícipes claves de estos actos ilegales.

En atención a medios de comunicación, el legislador tijuanense sostuvo que las denuncias van en aumento, pero que en tan solo dos expedientes se denuncia el despojo de más de 6 mil viviendas con créditos INFONAVIT.

Sostuvo que se trata de personas que han perdido su patrimonio a través de irregularidades y sin un sustento legal; además que el asunto se agrava porque también ha afectado a familias enteras en su estado emocional con afectaciones en su salud y lo financiero directamente

Moreno Hernández explicó que la Comisión Investigadora llamará a comparecer a aquellos funcionarios estatales para que legalmente respondan ante la Cámara de Diputados, para que a partir de los resultados, en su caso, se lleve ante las instancias judiciales correspondientes a los posibles responsables.