En Baja California el combate a la corrupción sencillamente no existe, solamente está en el discurso, y a veces, las carpetas apenas parecen avanzar si los acusados son contrincantes políticos.
La fiscalía anticorrupción no tiene presupuesto suficiente, el Sistema Estatal Anticorrupción brilla por su falta de comunicación con la ciudadanía y desde marzo del 2020 que renunció Iván José Curiel Villaseñor, el Congreso estatal no ha nombrado al magistrado especializado.
De acuerdo con datos no oficiales, en la oficina del fiscal hay más de mil expedientes haciendo fila y solo dos agentes investigadores.
Las acusaciones de presuntos actos de corrupción del exgobernador Francisco Vega, lo mismo que los “moches” en el gobierno de sucesor Jaime Bonilla o los supuestos condicionamientos de apoyos sociales del nuevamente secretario del Bienestar en la actual administración, Netzahualcoyotl Jauregui, entre otros casos, duermen “el sueño de los justos”.
En el Partido Acción Nacional (PAN), dicen que Morena no tiene intención de fortalecer el órgano creado para vigilar y sancionar la actuación de los gobernantes.
Los abogados, por otro lado, piensan que los legisladores deberían evaluar el futuro de la fiscalía especializada.
Pero el académico Martín Vega subraya que el gobierno de Baja California todavía está a tiempo de cambiar el rumbo.
“Hay todo para que funcione bien, lo que requerimos es que haya un compromiso por parte de las autoridades para que se permita que estos órganos se consoliden porque son una necesidad”, comentó.
El Sol de Tijuana buscó una entrevista con el fiscal anticorrupción Javier Salas, pero no la concedió.
MORENA NO QUIERE COMBATIR LA CORRUPCIÓN: PAN
El presidente en Tijuana del Partido Acción Nacional (PAN), Christopher Domínguez, criticó que los gobiernos de Morena a nivel estatal y municipal no hayan promovido el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SEABC).
“Lamentablemente, desde la llegada de Morena al poder en 2019, hemos visto un debilitamiento de este sistema, comenzando con acciones de la entonces Secretaria de la Honestidad, Vicenta Espinosa”, expresó.
Consideró que el Sistema Anticorrupción, creado y promovido por las administraciones panistas, es uno de los esfuerzos más relevantes para combatir la corrupción.
Pero al contar con presupuesto y personal insuficientes, sus funciones y su capacidad de coordinar a las instituciones encargadas de prevenir y sancionar la corrupción están limitadas, agregó.
“Es evidente que la falta de recursos, sobre todo de personal, es una estrategia deliberada para limitar el alcance del Sistema y evitar que opere de manera eficiente, ya que un sistema fuerte restringiría la discrecionalidad con la que han operado las administraciones actuales”, opinó.
Un presupuesto suficiente también ayudaría a contar con un Sistema Estatal Anticorrupción independiente, añadió.
“A todos conviene que se usen bien los recursos públicos y no haya corrupción en las dependencias gubernamentales”, continuó.
Recordó que la más reciente modificación legislativa al sistema fue para integrar a los síndicos municipales, encargados de vigilar a los Ayuntamientos, pero fue minimizada la participación ciudadana.
El dirigente municipal del PAN indicó que aunque el SEA no resuelve todo, sí es un progreso para establecer un sistema fuerte de combate a la corrupción
Sin embargo, aún es necesario promover la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública y crear mecanismos accesibles para presentar denuncias.
“Se ve complicado que pueda echarse a andar, hace falta voluntad sobre todo del gobierno estatal y el Congreso local”, señaló.
CONGRESO DEBERÍA REVISAR FUTURO DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN: FEDABO
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, no tuvo que haber sido creada, planteó el presidente de la Federación Estatal de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados en el Estado (Fedabo), Hassan Franco Ruiz.
El litigante consideró que la Fiscalía General ya tenía entre sus funciones la investigación de actos de corrupción, por lo que no era necesario crear otra institución para el mismo objetivo.
“Siempre he sido partidario de que no se mutilen las instituciones. El código penal ya determinaba las sanciones y la Fiscalía debería tener el monopolio del ejercicio de la acción penal. Esto ya no sucedió y se crea esta Fiscalía Anticorrupción, como sucedió con la de los delitos electorales”, agregó.
Franco Ruiz lamentó que no exista un eficiente combate a la corrupción ni se tenga como prioridad fortalecer el organismo que ya existe, al que le falta presupuesto y personal.
“Tuvimos una plática con el fiscal Javier Salas y nos decía que ese era el problema que limitaba su operatividad. Lo mismo sucedió con la Fiscalía de Delitos Electorales, al grado que la vuelve a absorber la Fiscalía del Estado. Por eso es que no se deben crear estos organismos burocráticos y mejor fortalecer la funcionalidad de los que ya existen”, insistió.
El dirigente de la Fedabo consideró necesario que el Congreso estatal revise cómo está constituida la Fiscalía Anticorrupción para hacer los ajustes necesarios que la fortalezcan y evitar su desaparición en un futuro.
“No creo que haya una falta de voluntad, yo más bien los veo atados de manos, la operatividad es complicada cuando no tienen una instalación, cuando no tienen un presupuesto, cuando no tienen computadoras”, señaló.
UNA VISIÓN OPTIMISTA
El gobierno del estado aún está a tiempo de sentar las bases para que la Fiscalía Anticorrupción opere de manera correcta, dándole un presupuesto y autonomía, consideró Martín Vega Martínez, profesor e investigador de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
“Vamos en el camino correcto, pero tienen que acelerar el paso (...) Si se puede tener una base para trabajar en la capacidad presupuestal y técnica de la Fiscalía”, dijo.
Actualmente esa fiscalía especializada enfrenta diversos problemas operativos, pero Vega Martínez señaló que debe reconocerse que desde julio de 2023 hay un titular que es Javier Salas Espinoza.
“Es un avance aunque no tengamos secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo tanto está paralizado”, dijo.
Para el académico, cuyas principales líneas de trabajo son políticas públicas, transparencia, anticorrupción y datos abiertos, uno de los principales pendientes con la Fiscalía Anticorrupción es la falta de autonomía técnica y de trabajo.
Agregó que también es necesario que sea contratado personal capacitado y que la dependencia cuente con espacios adecuados para desempeñar su función.
“No tienen la infraestructura suficiente para trabajar”, apuntó el académico Vega Martínez.
Además, subrayó, falta reformar las leyes en materia de contratación de obra pública, adquisiciones, presupuesto, contabilidad, transparencia, inclusive el Código Penal, para evitar lagunas legales y que haya sanciones en contra de funcionarios públicos.
“En la medida en que se actualicen leyes como las de adquisiciones, la ley de obras públicas, se le va a dar elementos para el adecuado sustento de investigaciones a la fiscalía”, comentó.
Todo esto sin olvidar que el Congreso debe acelerar el proceso de designación de un titular y miembros de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA), añadió Vega Martínez.
El académico señaló que también es necesario que sean aclaradas las acusaciones en contra Javier Guadalupe Salas Espinoza por supuesto abuso de autoridad y ejercicio ilícito del servicio público durante su paso por el Ayuntamiento de Tijuana.
“Tiene que haber total legitimidad y credibilidad en las personas y las instituciones”, expresó.
Añadió que los poderes ejecutivo y legislativo también deben acercarse a las organizaciones civiles y de la academia para fortalecer los organismos anticorrupción y mantener un diálogo abierto en aras de trabajar conjuntamente.
Martín Vega Martínez indicó que el gobierno estatal y el Congreso local tienen la oportunidad de destinar presupuesto suficiente para el ejercicio fiscal 2025 y que la Fiscalía Anticorrupción se consolide antes de que finalice la administración estatal.
“He escuchado compromisos por parte de la secretaría de la Honestidad y de la gobernadora, y espero que en esta segunda etapa de su gobierno realmente echen a andar estos importantes organismos e instituciones, porque necesitamos garantizar a la ciudadanía transparencia”, dijo.
El académico opinó que garantizar un gobierno abierto y transparente en el que exista una lucha anticorrupción, no es un problema solo de Baja California ni de México porque existe un lucha internacional alrededor de estos temas.
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“No todos aplaudimos la creación de los sistemas estatales anticorrupción o del sistema nacional anticorrupción, pero en los últimos años enfrentan una seria crisis porque han sido cuestionados esos diversos organismos”, expresó.
El profesor investigador también lamentó que a nivel nacional, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, no hayan sido abiertas investigaciones en contra de funcionarios públicos, algo que se replica a nivel estatal, al menos en Baja California.
“Parece que hay voluntad de trabajar y eso es una buena expectativa, pero en una imagen global, me parece que vamos en un camino muy lento para fortalecer estos sistemas que son imprescindibles para enfrentar abusos en el complemento de la Ley”, dijo.
*Con información de Adelina Dayebi Pazos, Eduardo Jaramillo Castro, Juan Miguel Hernández y Viridiana Lepe
