Baja California perdió en dos gobierno estatales, el del panista Francisco Vega y el del morenista Jaime Bonilla, una oportunidad para convertirse en generador de conocimiento e impulsar así el desarrollo del estado.
El primero porque no cumplió con el Consorcio Tecnológico planeado como un espacio para que iniciativa privada e investigadores trabajaran juntos, y el segundo porque le dio “el tiro de gracia” al proyecto convirtiendo los laboratorios en oficinas gubernamentales.
Todo el problema inició cuando los centros públicos de investigación y las instituciones académicas participantes no tuvieron certeza jurídica para invertir en el inmueble, construido en un terreno donado por el parque industrial El Florido.
Esto fue porque el gobierno estatal nunca les entregó el predio aunque ese era el acuerdo original desde que el consorcio nació de la mano del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el gobierno del panista José Guadalupe Osuna Millán (2007-2013).
“Hay como un candado, que si el terreno no es propio, no se puede construir o invertir. En este caso, la falta de donación que se prometió hacia los centros públicos nunca fue hecha”, señaló Eduardo Valtierra, miembro del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT), organismo empresarial que empujó el proyecto desde su inicio.
Y aunque aseguró que ese fue un factor determinante para que no prosperara, agregó que ni el sector privado ni las dependencias públicas lo defendieron cuando el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez lo tomó.
Esto ya es un proyecto fallido, ya no es el Consorcio, ahora hay oficinas del gobierno del estado, ya no hay nada
A principios del 2020 Bonilla Valdez entregó el primero de los tres edificios al Instituto de Movilidad Sustentable (Imos), y un año después trasladó cinco secretarías tras donar el edificio de Centro de Gobierno en Zona Río a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
El último inquilino del ahora desaparecido Consorcio Tecnológico fue el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi), un integrante del centro de sistemas de Conacyt dedicado al “Desarrollo de proyectos de investigación aplicada e innovación tecnológica”.
En noviembre del 2021, su personal y sus pertenencias fueron desalojadas.
“Al inmueble ya se le dio otro destino, entonces, se mató el esfuerzo logrado”, recalcó Eduardo Valtierra.
En el consorcio también tenía presencia el Centro de investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (Cideteq), un centro público dedicado a vincular la industria con la academia y la investigación.
Por parte de la academia bajacaliforniana tenían un espacio UABC, Cetys Universidad y la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), hasta que en el 2021 fue desalojado Cidesi.
El coordinador del Área de Vinculación en Cetys Universidad, Juan Carlos Díaz, dijo que cuando dejaron el lugar tenían proyectos productivos y de desarrollo de capital humano enfocados en capacitación e innovación.
Ellos se vieron obligados a salir al inicio de la pandemia, cuando en marzo de 2020 hubo que ir a clases en línea, una situación que aprovechó Bonilla Valdez para cambiar el uso de los edificios.
“Era un espacio pequeño que el gobierno del estado había prestado a instituciones educativas, no era así como que se había regalado el espacio”, mencionó Juan Carlos Díaz.
En acuerdo con el gobierno del estado nos haríamos cargo del mantenimiento y servicios. Con recursos de la institución cubrimos los gastos, incluyendo internet
Al volver las clases presenciales y ya con el gobierno estatal en las instalaciones, optaron por llevar todas las actividades de vinculación al campus universitario.
La UTT, por otro lado, tenía instalada en el consorcio un aula equipada con robots, pantallas táctiles y equipo de cómputo que visitaban alumnos de las primarias de la zona este de ciudad para despertar su interés en la ciencia y la tecnología.
Hoy esa aula especializada se encuentra operando en la UTT y atiende a más de 48 mil alumnos de primaria del Sector Escolar 7 desde el regreso a clases presenciales, según un comunicado.
En cuanto a UABC, fuentes oficiales respondieron que no cuentan con información sobre los motivos por los que dejaron sus oficinas en el Consorcio Tecnológico de BC.
EL FIN DEL CONSORCIO
Antes de trasladar dependencias y secretarías del gobierno del estado, el ex gobernador Jaime Bonilla envió una iniciativa al Congreso local para modificar la Ley de impulso al Conocimiento Científico, Tecnológico y la Innovación para el Desarrollo del Estado de Baja California, aprobada en marzo del 2020.
En la propuesta el morenista solicitó el cambio de nombre del inmueble a Consorcio de Investigación e Innovación Tecnológica, y sería la sede del Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica (Cocit), sin embargo, a los meses se convirtieron en oficinas de gobierno del estado.
Eduardo Valtierra señaló que “es muy fácil patear un proyecto de estos”, porque cuesta mucho dinero y esfuerzo mantenerlo.
Apuntó que estas iniciativas requieren de grandes recursos, por lo tanto debe haber un apoyo recíproco entre gobierno e iniciativa privada o de lo contrario, “mueren”.
Eduardo Valtierra relató que en Monterrey pasó algo similar con los cambios de gobierno, pero allá la iniciativa privada y los centros públicos de investigación defendieron el proyecto.
El Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT), ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo León, está construido en 118 hectáreas de terreno y cuenta con 38 centros de investigación, dos incubadoras empresariales de alta tecnología y el trabajo de más de tres mil científicos, explicó.
Según su página de internet, sus áreas estratégicas son: nanotecnología, biotecnología; mecatrónica y manufactura avanzada; tecnologías de información; vivienda sustentable, salud; energías limpias y materiales avanzados.
En Nuevo León también hay reglamentaciones claras que fomentan inversiones en construcción y equipamiento porque los terrenos pertenecen a los centros, refirió el consejero del CDT.
EL ORIGEN DEL CONSORCIO
Alejandro Mungaray Lagarda, secretario de Desarrollo Económico de Baja California en la administración de José Guadalupe Osuna Millán, e impulsor del proyecto, dijo que el Consorcio Tecnológico se originó en medio de una política nacional de apoyo a la investigación y el desarrollo de la innovación tecnológica.
Era 2009, había recesión económica y el gobierno estatal buscaba atraer mayores inversiones extranjeras y nacionales brindando a las empresas opciones de desarrollo tecnológico en sus procesos productivos.
“En el tiempo de su creación muchas empresas se interesaron, manifestaron su intención de tener pequeñas unidades de consultoría con desarrollo tecnológico. Los parques industriales decidieron apostarle al proceso de innovación”, recordó.
Comentó que en 2013, al terminar la gestión de Osuna Millán, el proyecto quedó casi terminado y estaba en marcha.
Lo único que estuvo pendiente entregar era la posesión de los espacios a quienes los ocupaban, digamos la transferencia de la donación del gobierno del estado al centro público de Conacyt y los otros centros. Fuera de eso todo lo demás estuvo complementado
La tecnología parece darle la razón al ahora funcionario municipal porque gracias a la aplicación Google Earth se puede observar el desarrollo del inmueble con el paso del tiempo.
En noviembre del 2011 fueron construidos los dos primeros edificios, donde actualmente están la Secretaría de Economía y Recaudación de Rentas.
En julio del 2012 fue edificado el tercer inmueble donde hoy está el Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SATBC), y finalmente para enero del 2014, estaba terminado el edificio que hoy ocupa el Instituto de Movilidad Sustentable (Imos), y el de Identidad Vehícular.
Según el Padrón de Bienes Inmuebles del gobierno de Baja California, el Consorcio Tecnológico de Tijuana sigue siendo propiedad del estado, tiene un valor de 46 millones de pesos y una superficie de 50 mil metros cuadrados.
Todavía en septiembre del 2017 hubo un intento desde el Senado de la República para rescatar la idea original mediante un exhorto al gobierno estatal.
“Instrumente las acciones necesarias para detonar el desarrollo tecnológico y la innovación a través del aprovechamiento del Consorcio Tecnológico de Baja California, en virtud de que es una obra de cerca de 190 millones que se encuentra prácticamente sin funcionar”, apuntó la cámara alta.
“A casi cuatro años del inicio de la Administración de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, el Consorcio Tecnológico lejos de convertirse en un centro de innovación y surgimiento de nuevas empresas, se encuentra prácticamente en el abandono”, dice el documento que no fue atendido por la administración del entonces gobernador “Kiko” Vega.
EL FUTURO
A pesar de que la pandemia trajo nuevos modelos de colaboración y los investigadores no necesariamente tienen que estar en un mismo lugar para trabajar juntos, la necesidad de desarrollar nuevos conocimientos es la misma, o quizá mayor, a la de hace una década.
“Todo va encaminado hacía allá, con desarrolladores de software y con empleos de mayor valor agregado, es sumamente importante”, comentó Pedro Montejo Piterson, presidente de Index Zona Costa.
Pero las instalaciones del Consorcio Tecnológico siguen siendo sede gubernamental, así que habrá que encontrar la forma de recuperar el camino perdido.
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“Tenemos la obligación de trabajar para que sea el motor y desarrollo de innovación de nuestra comunidad. Al no hacer nuestra labor fue fácil que se sustituyera”, insistió el presidente del CDT, Luis Lutteroth.
Dijo que tienen versiones de que el estado dejará el edificio del consorcio, mientras que El Sol de Tijuana supo que el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda ya entabló pláticas con Conacyt y llegaron a un acuerdo para compartirlo.
La gobernadora ha declarado en el pasado que podrían reubicar oficinas del gobierno estatal, pero el futuro del conjunto de edificios ubicados sobre la carretera Tijuana Tecate, y sobre todo el plan para retomar el espíritu de ciencia y tecnología que impulsaría el desarrollo del estado, es incierto.
