Karina Torres y Daniel Ángel

Tijuana (OEM).- En los alrededores del ex ejido Chilpancingo, cerca de la zona industrial de Otay y del río Tijuana, corre agua de colores.

“Ha habido ocasiones en que viene el agua de colores, parece arcoíris”, cuenta Luz Elena Félix, habitante de la zona y promotora comunitaria.

Como ella, otros vecinos desconocen el origen con certeza, pero al igual que activistas de California sospechan que son escurrimientos de las maquiladoras ubicadas en lo alto de la zona habitacional y a lo largo del arroyo Alamar.

“No es normal, es agua apestosa”, dice María Ortega. Ella tiene más de 30 años viviendo al pie de las fábricas levantadas sobre terrenos que alguna vez fueron parte del ejido. Con sus manos quita basura y escombro de un terreno baldío por donde pasa el cauce que desemboca en la calle Mariano Matamoros.

Platica que candidatos que llegaron a cargos públicos y autoridades de Protección Civil han visitado el lugar, pero el problema sigue y se agrava cuando llueve.

“Aquí se forma un buen lago (…), baja todo de allá arriba y huele algo feo al principio”, dice Manuel, trabajador de un taller instalado hace cuatro años en la esquina de las calles Lázaro Cárdenas y Mariano Matamoros. Todos los vecinos de la zona creen también que hay empresas que aprovechan la temporada de lluvia para desechar aguas sin regulación.

La Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO) asegura que a mediados del 2018 las autoridades resolvieron finalmente un viejo problema de pluvial y drenaje. Cuando la obra avanzaba, reconoce el presidente de la asociación, Salvador Díaz González, encontraron tres descargas irregulares, pero no hubo sanciones, sólo en un caso se cubrieron derechos y las empresas vecinas mostraron permisos.

“No llegaron al origen (…), eso se paró o se taponeó. Estuvimos de acuerdo. Los que no estén cumpliendo con leyes y reglamentos simplemente que se taponeen”.

El paso de agua que baja por la zona industrial cruza las calles de colonias como el ex ejido Chilpancingo y Campestre Murúa para llegar al arroyo Alamar. Se mezcla en el río Tijuana y termina en la costa que Baja California comparte con California en los Estados Unidos.

De aquel lado, Paloma Aguirre afirma que para las asociaciones es caro realizar pruebas y el monitoreo de calidad del agua de sus dependencias gubernamentales no busca residuos industriales, pero cree que desde hace unos años podrían estar documentando casos que se presentaron cerca de la franja que separa a México de Estados Unidos.

“Agentes fronterizos han sufrido quemaduras por químicos o por tóxicos al tener contacto con algunas de estas aguas”, comenta la directora del programa costero y marino de la asociación Costa Salvaje.

Las dudas de habitantes y ambientalistas se sostienen en parte en la historia misma del ex ejido Chilpancingo, donde las primeras casas fueron habitadas por trabajadores del sur del país que alimentaban la naciente Ciudad Industrial Nueva Tijuana en los años setenta.

Luz Elena tiene 20 años viviendo allí y 14 como integrante del Colectivo Chilpancingo pro justicia ambiental, creado por los problemas que dejó la empresa ‘Metales y Derivados’, cuenta que en aquel entonces organizaciones sin fines de lucro de EU encontraron problemas de salud entre los habitantes por exposición al plomo.

“La gente que bajaba de las fábricas lo traía en sus zapatos, su ropa. Todo eso lo bajaban a sus casas, abrazaban a sus hijos, se enfermaban y no se daban cuenta, era muy silencioso”, explica. Ahora los escurrimientos de colores que pasan por su casa también están cerca de una secundaria y el agua que baja a la calle Mariano Matamoros pasa junto al Jardín de Niños “Ana María”.

Su directora Carmen Escamilla dice que en una lluvia reciente se inundó el plantel y estuvieron semanas esperando que las autoridades limpiaran el lodo de la calle diseñada para canalizar la corriente.

“Hay ocasiones en que los niños no pueden ni pasar porque el agua abarca toda la calle”. Desde hace apenas un año que llegó a la escuela conoce parte del problema que se vive en la zona.

Un problema de origen

Celia Espinoza, vive allí desde hace 15 años y asegura que pasa mucho tiempo antes de que las autoridades se lleven lo que el agua arrastra hasta sus casas.

“Aquí quisiéramos tener bien bonito, pero no se puede porque no vienen a limpiar”, externa junto a un pequeño puesto de dulces muy cerca de donde todavía hay huellas del arroyo que dejaron las lluvias.

Salvador Díaz González, recién reelegido al frente de AIMO para el período 2019-2020, afirma que con la reparación del pluvial que pidieron durante mucho tiempo y tomó alrededor de año y medio en concretarse, deben cesar los escurrimientos, pero los vecinos no están seguros.

Las tres conexiones irregulares que encontraron pudieron ser de empresas que se ampliaron y recurrieron a obras improvisadas para descargar agua pluvial.

Sostiene que no tiene por qué haber descargas contaminantes por procesos de producción. En la zona de Otay, dice, hay unas tres empresas que “deben hacer tratamientos especiales antes de desechar esas aguas”.

Pero no siempre parece ser así, porque la directora del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte, Gabriela Muñoz Meléndez, quien ha dirigido tesis para conocer el impacto de las maquiladoras en el medio ambiente, también conoce el agua extraña que escurre por la zona.

“Como que utilizaban tintes y otro tipo de cosas y el daño se veía. Por ejemplo las descargas de colores hacia lo que era la tercera sección del río Alamar”, dice sobre sus visitas hace unos cinco años cuando investigaban el consumo de energía eléctrica de empresas de electrónica.

Durante los estudios, añade, también hallaron empresarios conscientes de la responsabilidad ambiental que se enlistan en programas de gobierno, pero autoridades e investigadores se concentran más en observar lo laboral y lo económico.

“Los tiempos han cambiado y no se vale más pensar que por el crecimiento y por trabajo vamos a sacrificar la calidad del medio ambiente”, subraya. Y es que poco se sabe oficialmente sobre el impacto ambiental de la industria maquiladora y otras fuentes de contaminación sobre el pedazo de Océano Pacífico que compartimos con California en esta frontera.

Sin información oficial sobre el tema

En el Comité de Playas Limpias de Tijuana, integrado por dependencias de los tres niveles de Gobierno, también son más las preguntas que las respuestas.

En la minuta de la reunión del pasado 7 de noviembre del 2018, representantes de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana aseguraron no tener el reporte mensual de la cantidad de basura retirada con sus rejillas en la canalización del río y la Comisión Nacional del Agua tampoco entregó al comité los resultados de las muestras tomadas durante 2018 en la ya conocida planta de tratamiento de Punta Bandera.

La razón, según el documento, es un proceso abierto por la norma “que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales”. Estas aguas lucen turbias.