Tijuana.- Ha pasado casi un año desde la última protesta realizada por niñas, niños y adolescentes bajo el resguardo del Albergue del DIF de Tijuana, desde entonces la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), ha abierto tres expedientes para evaluar la situación dentro de la estancia.
En el año y medio que lleva la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, la niñez bajo tutela del DIF en Tijuana se ha manifestado en al menos tres ocasiones.
La última vez fue en julio del año pasado, cuando la Policía Municipal reportó que varios adolescentes escaparon de las instalaciones del albergue ubicado en la calle Campestre de la colonia Río Tijuana Tercera Etapa.
En esa ocasión, el DIF informó mediante un comunicado que el conflicto entre adolescentes “no pasó a mayores”, ya que se trató de algo interno, y aseguró que ningún menor abandonó las instalaciones en esa ocasión.
A la par, la CEDHBC abrió el expediente 2189/2022, con el objetivo de documentar los hechos y las actuaciones de la autoridad durante aquella noche.
Desde 2021 a la fecha, el organismo ha abierto un total de 23 expedientes en torno al DIF, pero solo tres de ellos acumulan quejas relacionadas con las condiciones de internamiento y salidas no autorizadas.
El resto implica quejas de madres y padres a quienes les fueron retirados sus hijos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y al área de violencia intrafamiliar de la policía municipal, tras detectar una situación que pusiera en riesgo al menor.
En esos casos los padres de familia se sienten calificados para recuperar a sus hijos, así que acuden ante el organismo de derechos humanos.
DERECHOS
Los principales derechos vulnerados de las niñas, niños y adolescentes bajo la tutela del DIF fueron el derecho al trato digno, seguridad jurídica, igualdad, integridad y seguridad personal, según lo que ha registrado la Comisión de Derechos Humanos en Baja California.
Jorge Álvaro Ochoa Orduño, secretario ejecutivo de ese organismo, indicó que durante la administración estatal de Jaime Bonilla Valdez se les prohibió el acceso a los albergues, por lo que no pudieron evaluar las instalaciones, ni entrevistar a los menores.
“Nosotros hemos intervenido, entrado al DIF. Anteriormente era difícil entrar, nos negaban el acceso, actualmente ya podemos ingresar”, mencionó.
La administración de Bonilla Valdez finalizó el 31 de octubre de 2021 y no pasó más de un mes para que los menores comenzaran a manifestar sus inconformidades.
Alrededor de 30 niñas, niños y adolescentes subieron al techo del albergue temporal en Tijuana y otros más se salieron del albergue ante la atónita mirada de sus cuidadoras.
En esa primera ocasión, denunciaron las malas condiciones en las que vivían, por lo que la CEDHBC ingresó y abrió el primero de los tres expedientes que hoy tiene en contra de la paraestatal.
De esa visita registró cinco quejas en torno al trato digno que recibían los menores y una más por la posible violación del derecho a la seguridad jurídica.
Tras este episodio, el DIF estatal indicó que las niñas, niños y adolescentes no estaban separados ni por edad ni por sexo, algo que ya fue modificado en el último año.
El Sol de Tijuana buscó una entrevista con DIF estatal para conocer las labores que han realizado para subsanar los señalamientos en su contra, pero su directora no pudo atender la cita por causa de fuerza mayor.
En el mes de diciembre, se inauguraron nuevos dormitorios en el albergue temporal de Tijuana, con una inversión de 16 millones 600 mil de pesos, de los cuales 14 millones 600 mil se destinaron a través de la Secretaría de Bienestar estatal, un millón por parte de DIF Nacional y el resto por parte de DIF estatal y donativos.
También se mejoraron las instalaciones de dormitorios, comedores y áreas comunes, además de mejorar la atención para los menores contratando mayor personal médico y psicólogo.
LAS QUEJAS
A lo largo de 2022 la CEDHBC registró 18 quejas: 14 fueron dirigidas en contra del Albergue de Tijuana, cuatro a las instalaciones en Mexicali y las dos restantes a Ensenada.
El 9 de mayo del mismo año el organismo abrió un segundo expediente, el 1313/2022, tras una nueva manifestación encabezada por los menores la madrugada entre el 6 y 7 de mayo, otra vez en el Albergue Temporal de Tijuana.
En esa ocasión, un grupo de alrededor de 10 jóvenes subió al techo del albergue para solicitar atención de abogados para acelerar sus procesos de egreso de la institución y poder regresar con sus familias.
Ochoa Orduño mencionó que durante los últimos dos años han podido realizar visitas constantes a los albergues, además de brindar capacitación al personal para garantizar el bienestar de los menores y sus derechos humanos.
Pero uno de los principales retos que tiene el sistema DIF Baja California es la falta de programas para impulsar la adopción de quienes llevan años bajo la tutela del estado, señaló el secretario ejecutivo de la CEDHBC.
“Lamentablemente vemos que existen niños, niñas y adolescentes que se les denomina coloquialmente institucionalizados, que toda su vida han vivido dentro de un albergue del DIF o una casa hogar”, añadió.
Emmanuel Morales, psicólogo infantil que se enfoca en el desarrollo psicoemocional de las infancias, mencionó que los menores que viven en un albergue o casa hogar padecen principalmente trastornos de ansiedad y depresión.
ACCEDE A NUESTRA EDICIÓN DIGITAL ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
Pero en algunos casos pueden desarrollar estrés postraumático derivado de la violencia que vivieron en sus hogares, o por el hecho de permanecer gran parte de su vida en estos lugares.
Otro de los problemas emocionales es el sentimiento de abandono, culpa y falta de confianza en otras personas, al permanecer gran parte de su vida a cargo de una institución de gobierno, y no de su familia en un hogar.
“Muchos niños carecen de un sentido de seguridad, no se sienten seguros en ningún lugar por la falta de una figura materna o paterna, también influye que se sienten abandonados por sus padres, afectando su autoestima y desarrollo”, comentó Morales.
Algunas de las acciones positivas que ha realizado el DIF, consideró Ochoa Orduño, son los programas para impulsar las adopciones.
En el mes de febrero, el Congreso local aprobó la nueva ley de adopciones que tiene el objetivo de volverlas más ágiles.
“Antes el proceso de adopción duraba años, ahora se han mejorado los tiempos para buscar el beneficio de la niñez y la adolescencia”, dijo el secretario ejecutivo de la CEDHBC.
Tras la aprobación de esa ley, Mónica Vargas Núñez, directora del DIF estatal, señaló que quienes deseen adoptar deben garantizar no contar con antecedentes penales, tener una solvencia moral, y haber cumplido con las valoraciones psicológicas, así como con la Escuela para Padres.
“Cualquiera puede solicitar la adopción, ya sea una familia tradicional, homoparental, una mujer sola, un hombre solo”, dijo.
Por lo regular, los procesos de adopción duran alrededor de nueve meses y con las modificaciones al marco legal éste será menor, además de permitir al DIF establecer condiciones y requisitos claros.
Durante el 2022, 39 menores fueron asignados a un hogar, igual que un adolescente de 17 años que había ingresado al Albergue Temporal de Tijuana en 2013, pero éste último fue asignado a una familia estadounidense, según informó en comunicado de prensa el gobierno estatal.
También dijeron que hasta noviembre de ese año tenían 101 solicitudes de familias interesadas en iniciar un proceso de adopción, ocho de estas fueron presentadas por parejas homoparentales y lesboparentales.
El gobierno estatal también implementó el programa de Familias de Corazón que tiene como objetivo integrar por un periodo de seis meses a los menores que están bajo la tutela del DIF, a un hogar de acogida.
“Para que tenga los cuidados y la atención que necesitan mientras se define su situación legal de forma permanente”, según se lee en el comunicado del gobierno estatal.
Después de esas acciones de gobierno y de las quejas documentadas hasta ahora por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ese organismo está por concluir su investigación para pronunciarse.
“Es urgente plantear una serie de soluciones al sistema DIF”, expresó Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la CEDHBC, desde mayo del año pasado.
