Tijuana.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California ha recibido 114 quejas de mujeres por acciones violatorias a sus derechos, la Fiscalía General Estatal (FGE) es la autoridad con mayor incidencia en estos señalamientos.
Los principales derechos sobre los que acusan las mujeres se les ha violentado es, el Derecho a la seguridad jurídica, a la libertad, e igualdad no sólo por la FGE sino también en el ámbito de acceso a la educación, salud e información.
En segundo lugar, es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Tijuana, la autoridad señalada en los casos de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión explicó que en cada uno de los expedientes se investiga si hubo una razón de género en la violación del derecho o si escapa de una perspectiva de género.
“La Comisión siempre integra todo los expedientes con perspectiva de género”, indicó y posteriormente en la integración de la carpeta se descarta o se reafirma el hecho violatorio.
En el caso de la FGE, muchos de los expedientes tienen que ver con desapariciones, siendo las mujeres no solo las víctimas sino las que mayormente presentan las quejas, “desde la primera atención hasta la integración del expediente”, señaló Mora Marrufo.
¿BUSCAS O VENDES ALGO? ¡ANÚNCIALO EN CLASIFICADOS!
Cuestionado sobre los avances del Sistema Estatal de Prevención, Atención y Erradicación de la violencia de género y a dos meses de la declaratoria de Alerta por violencia de género hacia las mujeres en Baja California, la petición de la CEDH BC fue que se detallará cuales de las 39 medidas que estableció la alerta, se van a trabajar en el corto, mediano y largo plazo, “cuáles debe estar atendiendo el gobierno saliente en los tres meses antes de concluir y cuáles se tocarían a la siguiente administración”, explicó Mora Marrufo.
Por lo anterior, dijo el presidente de la Comisión Estatal, desde la sesión pasada se solicitó al grupo de trabajo se incluyera a la representación del siguiente gobierno estatal, para que el trabajo de las 39 medidas no se detenga en los meses futuros de la entrada de un nuevo gobierno.
Han ocurrido tres sesiones a partir de esos dos meses de la declaratoria del sistema estatal para la prevención, atención y erradicación, y se ha iniciado el trabajo para determinar cuáles medidas requieren de un mayor presupuesto o tiempo para cumplirse.