Tijuana.- La posibilidad de terminar con un inmovilizador en el vehículo por no pagar la tarifa de estacionómetros en Zona Centro o Zona Río, es hoy tres veces más alta que el año pasado, de acuerdo con cifras oficiales sobre la recaudación por este concepto en el Ayuntamiento de Tijuana.
Tan solo entre enero y julio, los 811 mil 558 pesos que ingresaron por el retiro de las también llamadas “arañas”, colocadas por Reglamento sólo a vehículos con placas extranjeras, de otros estados o sin placas, es ya el monto más alto en los casi tres años que lleva la concesión entregada a Copemsa.
“No se estaba utilizando como debía”, dijo Luis Miguel Ramírez Flores, director de Recaudación del municipio, para explicar la razón detrás del aumento en los ingresos por esta sanción.
Los montos, obtenidos mediante solicitudes de información pública, dicen que en 2020 los pagos representaron un promedio de 22 mil 834 pesos mensuales, pero en los primeros siete meses de este año ese promedio subió a 67 mil 376 pesos.
El recaudador explicó que el gobierno de la ciudad implementó un “control de revisión a la empresa” en los sitios donde funcionan los estacionómetros, para de esta manera “hacer la recaudación en tiempo y forma”.
Pero el procedimiento sigue teniendo pendientes en la práctica y los usuarios, tanto locales como visitantes, son víctimas sobre todo de la poca información sobre los pagos, las sanciones y las máquinas.
Carmen Flores, residente de Santa Bárbara, California, visitó la ciudad para acudir a una consulta médica en Zona Centro y al salir encontró su auto inmovilizado por no pagar la tarifa en el estacionómetro instalado al otro lado de la calle.
“Eso es, al cruzar la calle, a media cuadra más lejos. Yo esperaba, si se tiene que pagar, usualmente se paga al lado del carro”, comentó.
Mientras ella trataba de entender dónde cubrir su multa y el retiro del inmovilizador, otros tres autos sobre la misma calle Tercera en el primer cuadro de la ciudad tenían ya “la araña” en una de sus ruedas.
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LOS INGRESOS
Aunque la concesión entregada por el Cabildo del entonces alcalde panista Juan Manuel Gastelum Buenrostro inició operaciones en julio de 2019, el primer registro de ingresos por retiro de inmovilizadores es de septiembre de ese mismo año, según los datos oficiales.
Fueron dos mil 281 pesos ese mes y 253 pesos en octubre; fueron los únicos dos meses que reportaron ingresos.
La recaudación reinició hasta marzo de 2020, ya en el XXIII Ayuntamiento (2019-2021), encabezado por el morenista Arturo González Cruz que ese año recaudó 492 mil 609 pesos por el retiro de inmovilizadores.
Dos meses atrás esa administración modificó el contrato para reducir a la mitad el periodo de concesión de 15 años, reducir la tarifa de 12 a 10 pesos por hora y establecer que el Ayuntamiento tenía que contar con acceso en tiempo real y en línea a la información sobre los ingresos.
Tras la modificación contractual, el ingreso mensual promedio en el 2020 fue de 49 mil 260 pesos entre marzo y diciembre, sin que haya registro de los cuatro meses que comprendieron entre noviembre de 2019 y febrero de 2020.
“Dependería del órgano fiscalizador determinar qué fue lo que sucedió en aquel entonces”, respondió el recaudador Ramírez Flores.
Además confirmó que el gobierno de la ciudad ya puede revisar diariamente los pagos que llegan a la empresa, quien según el contrato debe después entregar el 40% que corresponde al municipio.
LA CAÍDA DE 2021
El Sol de Tijuana informó el pasado 23 de abril en la nota titulada “La fallida concesión de los parquímetros”, que la ciudad se encuentra muy lejos del proyecto original bajo el que Cabildo autorizó la “modernización” del sistema de parquímetros que anteriormente operaba el gobierno local.
La promesa era que al entregar su operación a un particular habría beneficios a la movilidad, aumentaría el flujo de clientes en áreas comerciales, la cantidad de cajones de estacionamiento regulados, y la ciudad alcanzaría ingresos libres por 21 millones de pesos anuales.
Pero en 2020 el municipio recibió 6.4 millones de pesos y en 2021, pese a la mayor movilidad gracias a la reducción de restricciones sanitarias por la pandemia, el ingreso para la ciudad disminuyó en comparación con 2020 porque solo recibió 4.4 millones de pesos.
En el pago por retiro de inmovilizadores la cifra de 2021 fue 40% más baja que los 492 mil 609 pesos del año previo, ubicándose en 286 mil 10 pesos.
Incluso noviembre, diciembre y enero, que comprenden el inicio de la actual administración municipal, los menos de 20 mil pesos mensuales de ingresos representaron las ganancias más raquíticas para la ciudad desde los registros de 2019.
En noviembre, el segundo mes de gobierno de Montserrat Caballero Ramírez, la cifra bajó a 12 mil 636 pesos, pero la caída en los ingresos por el retiro de inmovilizadores se detuvo en marzo de este año.
Ese mes la ciudad recaudó 85 mil 732 pesos y desde entonces el mes con menor ingreso fue junio con 116 mil 329 pesos, casi cinco veces el promedio mensual del año pasado.
“Anteriormente estaban sueltos, no teníamos claro por parte de los que intervienen, cómo hacer la operación”, insistió el recaudador al atribuir el aumento.
LAS QUEJAS
El procedimiento para las personas sancionadas con la colocación de inmovilizadores es acudir primero a la caja de Copemsa ubicada junto a las instalaciones de la delegación municipal en la colonia Zona Norte, para pagar la multa y el retiro del inmovilizador.
Ya con el recibo en mano, debe regresar a su auto y llamar al número telefónico que recibirá en su comprobante para entonces esperar que le sea retirada “la araña”.
El reglamento de tránsito de Tijuana, en su artículo 68, establece que tanto la colocación como el retiro de los inmovilizadores estará a cargo de personal de la Dirección General de Tránsito “aún en el supuesto de que el servicio público se encuentre concesionado a terceros”.
Sin embargo, un empleado de Copemsa no autorizado para dar declaraciones afirmó que esa labor la realiza el personal de la empresa concesionaria y el promedio de espera de los automovilistas luego de pagar varía entre los ocho y los 12 minutos.
“Le llaman al compañero y el que esté más cerca viene y te retira el inmovilizador”, afirmó.
La confusión y molestia de los automovilistas provoca también acaloradas discusiones con el personal de Copemsa en las calles.
“No se mira nada en esas madres (las pantallas de los parquímetros). Le aprietas un botón y te da otro”, dijo un automovilista que llegó apurado por una emergencia médica y tecleó incorrectamente un dígito de su placa, por lo que oficialmente su auto no estaba pagando estacionamiento.
Personal de Copemsa que revisa el cumplimiento de los pagos sugirió descargar la aplicación digital del estacionómetro y tener en cuenta que si la banqueta tiene una línea color verde, hay un equipo en los alrededores para pagar tarifa y registrar el número de la placa.
También aseguran que es posible corregir al momento en caso de presionar una letra o número equivocado, aunque los usuarios insisten en que es común encontrar aparatos con fallas.
FUNCIONA, PORQUE RECAUDA
El monto mensual más alto de recaudación por retiro de inmovilizadores, hasta antes de la actual administración municipal que comenzó en octubre del año pasado, era agosto de 2020, cuando las arcas del municipio recibieron 89 mil 138 pesos.
Esa cantidad casi se duplicó en mayo de este año, cuando el Ayuntamiento de Caballero Ramírez recibió 171 mil 464 pesos de ciudadanos que tuvieron que pagar para que les fuera retirada la “araña” de su vehículo y poder seguir su camino.
El recaudador Ramírez Flores apuntó que la ciudad está lejos de la meta de recaudación proyectada hace tres años porque el proyecto original, que contemplaba regular casi 10 mil cajones de estacionamiento ampliando el cobro a zonas como 5 y 10, Playas de Tijuana y los alrededores de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), entre otros, no se ha dado.
“En algunas zonas no es viable poner una máquina, donde es una zona muy conflictiva (...) Ahorita está detenido hasta que se tenga una autorización o instrucción por parte de la presidenta, que haga el análisis profundo, y si es viable ampliar el campo de acción de la operadora, lo vamos a hacer”, dijo.
Y aunque la concesión no ha dado los resultados planteados en el gobierno de Gastélum Buenrostro, consideró que funciona.
“Si no recaudáramos, podría decir que no. Pero como estamos recaudando, en cierta medida sí se está llegando al objetivo. Podemos mejorar pero se está cumpliendo”.
