Tijuana.- Las quejas ante la Comisión de Arbitraje Médico (Came) por cirugías plásticas y reconstructivas, aumentaron durante 2022, en comparación con los dos últimos años de pandemia, y hasta noviembre de este año se habían presentado 52, de las cuales la mayoría ocurrieron en Tijuana.
En este periodo, dos pacientes fallecieron luego de ser intervenidas quirúrgicamente en este municipio, pero hasta ahora las muertes no han sido esclarecidas.
El pasado 22 de junio, María José Chacón Herrera, esposa del cónsul de Guatemala en Denver, Estados Unidos, murió luego de operarse en el Hospital Jerusalem, en funcionamiento pese a estar suspendido por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).
Un mes después, el 27 de julio, Lilian Carolina, de 36 años de edad, falleció durante una cirugía estética en la clínica privada Diagnosis Hospital, en Zona Río.
Laura Carmina Cárdenas Malta, presidenta del Colegio de Cirujanos Plásticos y Estéticos de Baja California, mencionó que estos casos han perjudicado la imagen del sector porque las operaciones fueron realizadas por médicos no certificados.
“Lo tomamos muy mal, son dos vidas que se pierden a manos de personas que no deberían de estar haciendo cirugías plásticas (...) Es preocupante para nosotros porque ensucia el nombre de un gremio”, señaló.
Añadió que para evitar estas tragedias, las autoridades deben fortalecer la regulación, vigilancia, supervisión y sanciones.
Además de proveer “desde las partes más altas del gobierno”, recursos para que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), actúe sin limitantes.
Cárdenas Malta mencionó que la Coepris debe verificar el cumplimiento de las normas, pero su personal se encuentra rebasado.
Para evitar que “charlatanes” continúen operando, también debe intervenir la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones, quienes según Cárdenas Malta, se “han quedado atrás, como en el limbo”.
“Ellos son los que emiten las cédulas que permiten que una persona ejerza su profesión”, comentó.
La falta de educación de la comunidad y de las mismas autoridades para distinguir entre un cirujano plástico y un médico estético también ha sido un gran problema por atender.
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EXPEDIENTES ABIERTOS
Tras el fallecimiento de las dos pacientes, la Coepris y la Secretaría de Salud comenzaron un operativo para intensificar las revisiones en las clínicas.
De enero a septiembre de 2022, la Coepris verificó 71 hospitales en Tijuana y aplicó ocho medidas de suspensión, de ellas sólo dos siguen vigentes: una en el Hospital Jerusalem y otra en Diagnosis Hospital.
El primero, ubicado en Playas de Tijuana, fue clausurado de forma definitiva y la Coepris indicó que los médicos del establecimiento nunca se presentaron para responder por las faltas administrativas.
Algunas de estas observaciones fueron falta de documentación del personal médico, de licencia sanitaria, la existencia de medicamentos caducados o sin pedimento de importación.
En el caso de Diagnosis, la Coepris señaló que están a la espera de que entregue documentos faltantes como la licencia sanitaria, aviso de funcionamiento y la garantía de que cuentan con un responsable sanitario.
Una vez que entreguen los documentos, tendrían que revisar el expediente de la paciente que murió para dictaminar si hubo alguna anomalía y de ser así pueden ser sancionados con una multa o la clausura definitiva.
Manuel Castro Zamora, coordinador de conciliación de la Came, dijo que no está autorizado para indicar si los familiares de las víctimas acudieron a interponer una queja por los fallecimientos.
Dijo que cuando la Fiscalía interviene, el Came no tiene competencia alguna.
“Si el caso lo tiene la Fiscalía, el Came no tiene facultades para darle seguimiento, es algo en que Fiscalía solicita el apoyo de Came a través de un arbitraje o un dictamen técnico”, mencionó.
El Sol de Tijuana buscó a la FGE para conocer el estado de las investigaciones por negligencia médica, pero no proporcionó información.
En las primeras semanas de diciembre, José Manuel, cirujano general, fue vinculado a proceso por no realizar labores sin contar con los conocimientos y las certificaciones, según el fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio.
La investigación en su contra se deriva del fallecimiento de una mujer californiana en enero del 2021.
La presidenta del Colegio consideró que es un precedente “maravilloso y único” que “va a sentar la base para lo que viene (...) El simple hecho de la usurpación ya cae en una negligencia”.