Tijuana.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), cumplió 30 años de su fundación, con el tema financiero como su principal reto.
El ombudsperson de Baja California, Miguel Mora Marrufo, señaló que contar con un edificio propio, es también de los pendientes para el organismo.
“Haremos un acercamiento para hacer las peticiones correspondientes porque ya es hora de hacerle justicia al organismo que nació en 1991. La autonomía financiera y presupuestaria es el mayor reto. Sin un presupuesto digno y acorde al mandato de ley, es difícil que podamos seguir incidiendo y que vayamos adaptando a esta realidad, que es una demanda que es clara y que aumenta día a día”, comentó.
Mora Marrufo señaló que para el siguiente año buscarán obtener un presupuesto de 60 millones de pesos, no obstante, reconoce que la expectativa es obtener 45 millones, como ha sucedido en años anteriores.
“Sabemos que el estado tiene retos en materia financiera, somos conscientes de ese escenario, pero ya es momento de darle un presupuesto más digno y acorde a las necesidades que tiene la comisión”, agregó.
El titular de la CEDHBC, detalló que existen los siguientes temas de atención prioritaria para la entidad: la erradicación de violencia por razón de género; la erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes; la consolidación del sistema de atención a víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Fondo para la Reparación Integral del Daño; la justicia y búsqueda para las personas desaparecidas y sus familias; el fortalecimiento del Sistema Penitenciario del Estado.
De igual manera la seguridad social de las policías de la entidad; el derecho a la ciudad, enfocado en el acceso al agua, la movilidad, la accesibilidad y el medio ambiente sano; el abasto de medicamentos y el acceso a la salud digna para todas las personas; la garantía del derecho a informar, de la libre expresión y del respeto a la labor periodística.
“Para la CEDHBC lo más importante son las víctimas. Durante tres décadas, los procuradores y la presidenta que han encabezado el Organismo, así como un amplio equipo de personas, han dedicado sus esfuerzos a investigar violaciones a derechos humanos, promover el reconocimiento de su calidad de víctimas, la reparación del daño y señalar la necesidad de cambios estructurales y creación de marcos de política pública para que ya no se comentan agravios a la dignidad humana desde las instituciones de gobierno”, concluyó.
