Tijuana.- Por no respetar un amparo emitido por un juez federal, defensores de la Liga de Béisbol de Playas de Tijuana denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Juzgado de Distrito al aún gobernador, Jaime Bonilla Valdez, y al actual secretario General de gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
En conferencia de prensa, Carlos Atilano y Raúl Cervantes Rodríguez, abogado y ex presidente de dicha liga, anunciaron que además de la acción penal y jurídica, el primer fin de semana de noviembre, se realizará una marcha en contra de la expropiación que realizó la administración estatal.
Con la marcha se buscará sensibilizar al nuevo gobierno que a partir del próximo domingo encabezará Marina del Pilar Ávila Olmeda, el cual los integrantes de la liga buscan un acercamiento, para revertir la acción de expropiación efectuada este mes por Bonilla y su secretario de Gobierno.
"El nuevo gobierno puede revertir la acción del gobierno que está por irse, ya que tiene la facultad de revocar el decreto de expropiación", anotó Atilano.
Carlos Atilano recordó que a principios de octubre el gobierno de Bonilla emitió un decreto para llevar a cabo la expropiación con un nuevo decreto emitido dos días antes, sin avisar a los poseedores de la manzana 53 de Playas de Tijuana, en donde se ubican los campos de béisbol.
La acción la efectuó "para tratar de burlar una orden de suspensión de una autoridad penal, como es un juez de distrito", indicó.
La realización de este acto, dijo, amerita responsabilidad penal, por lo que, en los próximos días estarán presentando una denuncia ante la FGR y el juez de distrito, con la petición de que se finque en contra de Jaime Bonilla Valdez y Amador Rodríguez Lozano, responsabilidad penal y la posible inhabilitacion de cargos públicos.
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Respecto al señalamiento de Amador Rodríguez de que la liga comercializó una fracción del predio en disputa, Raúl Cervantes confirmó la transacción, argumentando que la Liga de Béisbol de Playas de Tijuana cuenta con el derecho de propiedad para realizarla.
Se llevó a cabo para contar con recursos para el sostenimiento de la propia liga, sin afectar los dos campos de béisbol que ahí se ubican, acotó.