Tijuana.-El gobierno de Baja California debe entregar a la administración entrante la información sobre las comisiones de agua, porque de no hacerlo podría incurrir no sólo en faltas administrativas, sino también en un delito.
Esa notificación llegó ayer jueves 7 de octubre a la Coordinación de Gabinete que encabeza Diego Partida y a la oficina del gobernador JAIME BONILLA, por parte del equipo de la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
“Me permito recordarle que la omisión de entregar información a la autoridad entrante es constitutiva de los delitos de Ejercicio Ilícito del servicio público y Coalición de servidores públicos previstos en los artículos 290 y 294 del Código Penal de Baja California”, dice el documento.
El pasado martes El Sol de Tijuana informó que la transición de los organismos de agua estaba detenida por instrucciones de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa).
“Se manipuló una instrucción que yo di a los organismos”, dijo su titular, Salomón Faz Apodaca, al preguntarle por la orden dada en un correo fechado el 29 de octubre.
Pero el problema incluso viene desde antes, según el gobierno estatal entrante, quien dijo que la solicitud de información sobre las comisiones de agua viene desde el 6 de septiembre.
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“Sin embargo, no se ha recibido respuesta al oficio ni se han celebrado las reuniones solicitadas, a pesar de la imperiosa necesidad invocada para comenzar el proceso de transición”, indica el documento.
La nueva solicitud también fue enviada al Congreso local “para que dentro de su ámbito de competencia tome las medidas que resulten procedentes”.
