A través del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y la Vivienda (Indivi), el Gobierno del Estado prevé interponer una demanda penal en contra de Jesús Esteban Castro Rojas, rector de la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC) y también integrante del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) por el delito de despojo.
Se trata del servidor público que con un deslinde particular sellado por la Notaría Pública Número 1 se adjudica la posesión de un terreno de 688 metros cuadrados ubicado en el fraccionamiento Mariano Abasolo que en realidad le pertenece al gobierno.
Vicenta Espinoza Martínez, titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, reconoció que con este acto el funcionario causa daño al patrimonio estatal que se considera propiedad de los ciudadanos.
La funcionaria se reunirá hoy con directivos de Indivi a quienes le corresponderá interponer la demanda penal por la presunción del delito de despojo.
“Se tiene que presentar (la denuncia) contra una persona física y en este caso es a Jesús Esteban Castro Rojas; lo que tenemos a nombre de esta persona es la contratación de una toma de agua en la CESPM”.
Como responsable de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Espinoza Martínez aclaró que Castro Rojas no recae en alguna omisión de tipo administrativa al interior de la UPBC por lo que el caso se va al área penal aunque con indagatoria interna.
“Él hace un trámite como una persona física y no como funcionario, él habla de que adquiere este predio porque a un lado tiene otro, pero nosotros todavía lo estamos investigando”.
Otro aspecto que indagará la citada dependencia es si Castro Rojas citó en su declaración patrimonial la tenencia de esta propiedad.
Espinoza Martínez dijo que también deberían considerarse otras situaciones como el abuso de autoridad y el tráfico de influencias que pudieron estar presentes en esta acción de parte de Castro Rojas.
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Precisamente en las últimas semanas la Secretaría de la Honestidad y Función Pública a través de la Comisión Estatal de Avalúos ha estado trabajando en una actualización de los bienes inmuebles que posee el Gobierno del Estado, proceso en el que han encontrado de forma recurrente la invasión de predios.
Funcionario invade predio del gobierno; le suspenden obra
Sin título de propiedad o contrato que avale un proceso de compra-venta, el actual rector de la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC), Jesús Esteban Castro Rojas, se apoderó y comenzó a edificar dentro de un predio de 688 metros cuadrados que le pertenece al Gobierno del Estado.
Se trata del lote 01 ubicado en la manzana 020 con clave catastral MA020001 del fraccionamiento Lomas de Abasolo que en el Registro Público de la Propiedad aparece a nombre de Bienes Raíces del Estado, hoy denominado Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (Indivi).
Aparte de estar al frente de la UPBC, Castro Rojas es integrante del Comité Seleccionador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), instancia que continúa vigente.
La tarde de ayer inspectores de la Dirección de Administración Urbana se presentaron en el predio y colocaron sellos de suspensión al no ubicar licencia de construcción, permiso de uso de suelo o documentos de tenencia.
Por su parte, LA VOZ DE LA FRONTERA ubicó un documento que confirma que en 2017 el actual funcionario del Gobierno del Estado mandó a elaborar un deslinde particular que fue sellado por la Notaría Pública Número Uno pero que no está registrado oficialmente ante el Ayuntamiento.
En este documento aparece el nombre de Castro Rojas como poseedor y/o propietario por lo que pudo contratar el servicio de agua potable en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) para lo que además presentó dos credenciales oficiales.
LA INVASIÓN
A inicios del 2018, los vecinos de la calle Juan Aldama notaron la presencia de trabajadores que comenzaron a cercar un predio que nunca habían visto ni siquiera en venta y en cuestión de días también instalaron postes metálicos que se extendían por la avenida Ignacio López Rayón con la que colinda.
Posteriormente una persona que se presentó como funcionario del gobierno comenzó a explicarles que iba a lotificar esa zona y que pondría en venta los terrenos, sin embargo los propietarios del Parque Industrial Calafia, ubicado justo a un costado, pusieron un alto porque vieron invadido el derecho de vía que ellos entregarían al municipio.
De acuerdo con el testimonio de los residentes, Castro Rojas pretendía apoderarse del lote 01 pero también crear terrenos en la avenida López Rayón para ofrecerlos en venta.
En mayo de este año los mismos vecinos observaron de nuevo la presencia de trabajadores que comenzaron a levantar una estructura metálica y una barda, proyecto que en tres meses ha tenido un avance significativo.
SIN DOCUMENTOS OFICIALES
Juventino Pérez Brambila, director de Administración Urbana, confirmó que en el citado predio se estaba edificando una especie de almacén sin que haya un solo documento oficial.
La tarde de ayer inspectores de la dependencia se presentaron en el lugar y colocaron sellos de suspensión ya que ninguna de las personas que estaban presentes pudo acreditar la legal posesión del terreno ni la licencia de construcción que es obligatoria ante el municipio.
El predio lo identificamos como una propiedad registrada a nombre del Gobierno del Estado y no hemos recibido ninguna solicitud de hacer alguna construcción en ese predio por lo que está obviamente como irregular
Sobre el documento sellado por la Notaría Número Uno donde aparece el nombre del rector de la UPBC e integrante del Comité de Seleccionador del SEA como poseedor o propietario del terreno, el director de Administración Urbana indicó que no se tiene reconocimiento oficial por lo que no es válida ante el Ayuntamiento.
En Catastro no está registrado ese deslinde, pudo ser un ingeniero o un perito que le ayudó a hacer el trazo; no sé quién pondría ese sello pero ante Catastro o municipio no tiene ninguna validez; no podemos tomarlo como un tema que establezca la propiedad
La Dirección de Obras estima que la construcción que el funcionario del Gobierno del Estado llevaba un 30% de avance y que abarcaba al menos un 85% del terreno de más de 600 metros cuadrados.
