Verificadores y supervisores de verificadores contratados para el Censo de Inegi denunciaron que están siendo despedidos de manera irregular.
Uno de los afectados, que prefirió no revelar su nombre, dijo que el acuerdo era terminar la relación laboral el 17 de abril, pero este fin de semana les notificaron que deben firmar su renuncia voluntaria.
El problema es que el pago prometido no se cumplió, hay adeudos con algunos trabajadores, y desempleados son más vulnerables económicamente en medio de la emergencia sanitaria, contó.
“Tuvimos que firmar el contrato que nos daban porque necesitábamos el trabajo”, dijo el verificador en entrevista luego de que algunos de sus compañeros aceptaran renunciar deslindando de responsabilidades a Inegi.
Todo empezó, dijo, luego de que la emergencia del Covid-19 obligara a la suspensión de los censos en el país, pero a ellos en cambio les notificaron que “se había desaparecido la etapa de verificación”.
El personal para esa labor fue capacitado desde el nueve de marzo, y el pasado 20 tenían que empezar a revisar que los encuestadores hayan realizado las entrevistas en todos lo hogares, explicó.
Añadió que cuando respondieron a la convocatoria la amenaza del coronavirus estaba ahí, por eso el empleo fue para muchos la oportunidad de un salarios aunque fuera temporal.
Incluso la Dirección regional noroeste, aseguró, se presentó durante el periodo de capacitación y dijo que los términos del contrato serían respetados sin importar lo que sucediera con la emergencia sanitaria.
Además, dijo, las medidas preventivas implementadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), fueron deficientes y a pesar de las recomendaciones continuaron las juntas de trabajo.
Este lunes, adelantó, algunos de los perjudicados se presentarán en las oficinas de la Secretaría del Trabajo en Plaza Patria para exponer su situación.
