Tijuana.- Antonio regresó a México tras vivir casi dos años en Estados Unidos. Vuelve a su país tras ser deportado de forma exprés, sin derecho a defenderse en una audiencia y compartiendo un avión con otras 100 personas que también fueron repatriadas y a las cuales durante el trayecto no se les proporcionó cubrebocas para protegerse. Son las deportaciones en los tiempos del Covid-19.
Pisa suelo tijuanense y se encuentra con una ciudad desconocida para él, sin aquella energía y vitalidad que le tocó visitar en 2018 cuando estuvo en esta frontera haciendo sus trámites de asilo político en el vecino país.
Los albergues están cerrados desde hace dos meses, pero gracias a la buena voluntad de José María García, director de Juventud 2000, a quien conoce de su experiencia previa en Tijuana, logra conseguir un espacio donde refugiarse, mientras se muda a su propio departamento.
Ahora viene lo más difícil para él: obtener un empleo en medio de la emergencia sanitaria. No se rinde. A pesar de ser ingeniero en sistemas, no recibe respuesta positiva de restaurantes, empresas de seguridad o tiendas, ninguna cuenta con alguna vacante. Además, Antonio tampoco tiene documentación, lo que hace más complejo el proceso.
“Llegar a Tijuana y está todo paralizado, no tener nada y estar sufriendo hasta por lo que es básico como el alimento, está difícil. Aún no tengo empleo, me he cansado de hablar a distintas empresas, decirles que apenas se quite la pandemia, puedo entregarles documentos como el INE y mi certificado de estudio. Ahora por el momento cualquier trabajo es bueno, con tal de sacar tu vida adelante”, confesó el joven de 28 años.
Su esposa y sus dos hijos ya están en Tijuana. Vienen desde el estado de Washington, donde residieron los últimos dos años. Antonio los recibe en un departamento que logró rentar, tras varios días de buscar un lugar donde vivir con sus seres queridos.
“Ellos llegaron a Tijuana, porque desafortunadamente mi esposa si se quedaba a trabajar, no iba a servir de mucho, porque tenía que pagar el cuidado de los dos niños, renta, cuentas y allá tampoco hay trabajo por la pandemia. Sufrir acá o sufrir allá, era mejor estar juntos”, comenta el hombre originario de Colima.
Termina mayo e inicia junio, lo que marca la “nueva normalidad” de la vida de Antonio y su familia en Tijuana. En una ciudad con una economía detenida, sin documentos que avalen quién es y qué ha hecho, pero eso sí, con ganas de salir adelante.
“Todo está paralizado y lo que no está paralizado es la necesidad y las deportaciones. Debo de buscar un sustento, seguir luchando y buscar un nuevo comienzo hasta que esto se normalice y tratar de seguir echándole ganas, tomando las medidas necesarias”, expresó.
Lo que vivió Antonio, es el pan de cada día para cientos de connacionales que son expulsados de Estados Unidos por la frontera de Tijuana. En El Chaparral, diariamente llegan camionetas del Instituto Nacional de Migración, que acuden recoger a los mexicanos repatriados, para canalizarlos principalmente al Centro Integrador de Migrantes, el cual hasta este viernes, albergaba a 153 personas.
Los albergues han optado por “blindarse” y no dejar entrar a más migrantes a sus espacios, como medida extraordinaria para evitar la propagación del coronavirus entre su población. Por ejemplo, desde el 19 de marzo la Casa del Migrante, decidió mantener en 50% la capacidad del albergue, limitando a un máximo de 80 personas.
El Cónsul General de México en San Diego, Carlos González Gutiérrez, indicó que las deportaciones de mexicanos por esta frontera se han reducido hasta 40%, sin embargo, admitió que el Gobierno de Estados Unidos aceleró los trámites de expulsión de connacionales, haciendo ajustes en aspectos, como el registro de los datos biométricos.
“De manera unilateral decidieron aplicar bajo la sección 42 de su ley migratoria que le permite cuando hay una emergencia sanitaria, el poder repatriar de manera expedita a la gente que detienen en la frontera para evitar confinamientos en los centros de detención. Lo más pronto posible se les remite a México en coordinación con el Inami que los recibe fuera de los horarios que habitualmente nosotros teníamos en los arreglos locales de repatriación y nosotros nos prestamos a esto, porque también estamos de acuerdo en que debemos de evitar el confinamiento”, expuso.
El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) realizó el documento de contingencia “Migrantes en el norte de México y su vulnerabilidad ante el Covid-19”. Este documento señala que la población migrante ya se encontraba en vulnerabilidad, de manera general, a causa de la pobreza, una gran marginación social, una muy limitada protección por parte del estado mexicano, muy pocas oportunidades legales de movilidad, y, no pocas veces, la carencia de documentos que les permitan disfrutar más fácilmente de sus derechos y gozar de una menor exposición a la inseguridad y al crimen organizado.
Ahora, según el estudio, la vulnerabilidad se agudiza porque son pocas las opciones que tienen para resguardarse y para aplicar las medidas de protección sanitarias frente al Covid-19. De acuerdo al Colef, esta vulnerabilidad de los migrantes a la enfermedad es variable según su procedencia, su movilidad y rutas, sus lugares de estancia, y, entre otros factores, los recursos disponibles en cada lugar para darles la atención requerida.
